Mérida, Yucatán, a 30 de marzo de 2010.- Apegadas al derecho de reservarse su declaración, cinco vecinas de Dzemul comparecieron ante la Subprocuraduría Especializada en delitos Electorales (SEDE), a quienes se les acusa de haber retirado del padrón a 26 beneficiarias del programa Oportunidades por simpatizar con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entre las siguientes personas a citar, se encuentran la presidenta municipal, Elsy Francisca Rivera Sánchez, el síndico del Ayuntamiento, Alejandro Paat; el tesorero del mismo Ayuntamiento, Daniel Ake Caamal; el presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Andrés Paat, y el chofer de la alcaldesa, Martín Ku Medina.

En la averiguación previa 012/SEDE/2010, las 20 denunciantes manifestaron que son vecinas de Dzemul y que desde las elecciones pasadas, para diputados federales en agosto de 2009, comenzaron a recibir amenazas por parte de los promotores de la Sedesol, en el sentido de que si continuaban participando en las actividades del PRI, les iban a quitar dicho beneficio, mismo que se les retiró.

Estas amenazas se habrían hecho más frecuentes durante los últimos meses, y señalaron a las vocales del comité del programa Oportunidades en el municipio de Dzemul, entre las que mencionaron a Candelaria Xix Can, Maricela Ake, Juanita Ake Ake, Benigna Ek y Elsy Yam, todas empleadas del Ayuntamiento de Dzemul.

La anomalía quedó al descubierto cuando en los corredores del palacio municipal, el promotor del citado programa cuyo nombre desconocen en virtud de que no portaba identificación alguna, las felicitó a todas por el micrófono, porque a ninguna se le había dado de baja y que podían pasar conforme al orden numérico para cobrar sus becas, que fue cuando se enteraron de que habían sido segregadas, sólo las 26 que simpatizan con el PRI.

Durante las diligencias, las denunciadas estuvieron en todo momento asesoradas por dos abogados, nombrando en forma oficial a Dafne Celina López Osorio, quien estuvo al pendiente junto a otro representante legal más hasta el fin de la cita en que todas las llamadas tomaron la opción de no declarar, reservándose el derecho que confiere la ley federal en ese sentido.