Guido Espadas Villajuana, presidente del Colegio de Contadores de Yucatán, A. C., manifestó su desacuerdo ante la actuación, “muchas veces de manera sorpresiva y con engaños”, del personal del SAT en las operaciones para clausurar establecimientos por no dar facturas electrónicas, ya que implica pérdidas económicas para los empresarios porque siguen pagando una nómina.
LOCAL.- Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, Pedregales de Tanlum: firma de un convenio entre el Colegio de Contadores Públicos y la Asociación de Mujeres Empresarias para orientarse y conocer sobre los nuevos cambios fiscales, en especial las facturas digitales.
C.P.C. Guido Espadas Villajuana, presidente CCPY, Lorena Gamboa Sosa, presidenta de AMEYUC, Guadalupe Pool Rodríguez, Paula Alicia Partida Tapia, C.P.C. Gloria Alicia Poot Duran.
Foto José Avila
Además, sugirió que las revisiones de los auditores del SAT sean hasta que el proceso esté bien establecido, ya que aún hay dudas que ni las autoridades han podido resolver. “No es posible que pretendan castigar al gobernado cuando las mismas autoridades aún no han comprendido el cambio que se quiere hacer”.
De acuerdo con el líder de los contadores, la clausura de comercios implica para los dueños que dejen de obtener un ingreso, pero el empresario sigue financiando una nómina y sus gastos fijos, aunque no tenga recursos para hacer frente a eso.
Respaldo
“Estamos de acuerdo con la reclamación que han hecho tanto el Consejo Coordinador Empresarial como la Coparmex, la Cámara de Comercio y la Canacintra; ellos cuentan con el respaldo del Colegio de Contadores Públicos”, aseguró.
Asimismo, dijo que recientemente, junto con Juan José Abraham Dáguer, presidente de la Canaco Mérida, hicieron una propuesta al secretario de Hacienda para que se consideren los cambios a la facturación versión 3.3.
No están en contra de la facturación electrónica, aclaró, sino con que se lleven al cabo actos de autoridad pretendiendo revisar la facturación 3.3, cuando aún no es una situación que esté en vigor.
“Estamos conscientes de que todo aquel que obtenga un ingreso está obligado a emitir un comprobante fiscal, sobre todo si no lo solicita el cliente, pero no estamos de acuerdo con que se pretenda que sea con base en la versión 3.3, cuando ésta no está completamente implementada ni entendida”, manifestó.
