Mérida, Yucatán, a 27 de septiembre de 2011.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó con la mayoría del PRI la iniciativa del Ejecutivo del Estado en la que se le autoriza el refinanciamiento de la deuda pública; así como la reforma a los artículos 7 y 12 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011.

La petición aprobada permitirá al gobierno estatal contratar financiamientos hasta por la cantidad de mil 339 millones 482 mil 45 pesos para llevar a cabo los refinanciamientos con los Bancos del Bajío y BBVA Bancomer y se buscará que el porcentaje de participaciones que se otorgue en garantía sea menor a los originales pactados.

Al someterse a discusión el dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, Adolfo Calderón Sabido (PRI), expuso que con la medida se reducirá en un cinco por ciento el monto de las participaciones federales otorgadas en garantía, lo que permitirá una mejor disposición presupuestaria para la ejecución de obras.

En contra parte, el diputado Renán Barrera Concha (PAN) sostuvo los mismos argumentos que esgrimió en el seno de la comisión dictaminadora que no se necesitaba de la autorización del Poder Legislativo.

También el diputado del PAN, Pedro Cohuó Suaste, se pronunció en contra al considerar que falta información sobre los intereses que se pagan por concepto del empréstito.

El legislador del PRI sostuvo que la decisión del Ejecutivo estatal se sustenta en la Ley de Deuda Pública y que la fracción blanquiazul da una interpretación errónea a la legislación.

“Votar en contra del dictamen, es hacer público su oposición sistemática al desarrollo del Estado, que solamente busca mejores condiciones de pago para ahorrar los recursos públicos de los yucatecos”, les respondió Calderón Sabido.

Por su parte, al hablar a favor, el diputado Roberto Rodríguez Asaf (PRI) sostuvo que el tema central de la discusión es que se contratará un crédito en mejores condiciones para pagar otro contraído con anterioridad, lo que significaría un ahorro de al menos 100 millones de pesos.

En otro momento de la sesión, se aprobó, con 17 votos a favor y seis en contra, el dictamen de la cuenta pública de 70 organismos estatales y municipales, correspondientes a diversos periodos. Durante la discusión, el vice presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Roberto Rodríguez Asaf dijo que se analizó con suficiente tiempo, ya que estuvieron a disposición de los legisladores durante mes y medio.

Por su parte, el diputado José Collado Soberanis (PAN) pidió el voto en contra por considerar que no existe transparencia en las cuentas presentadas al seno de la comisión.

En otro momento, se aprobó por unanimidad la nueva Ley de Justicia para Adolescentes que establece que el proceso para juzgar a menores de edad en conflicto con la ley será acusatorio y oral.

El nuevo ordenamiento especializado en justicia juvenil entrará en vigor a los 120 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial del Estado.

Los diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM aprobaron incrementar las medidas de internamiento como medio para inhibir la ejecución de conductas delictivas. Las medidas de privación de libertad serán de uno a 15 años.

De tal manera que tendrán una sanción de hasta por 15 años quienes hayan cometido homicidio doloso o en razón del parentesco; privación ilegal de la libertad, solicitar rescate y causar daño a la víctima; por violación y por el delito de robo relacionado con vehículo automotor.

Se sancionará hasta por 10 años: delitos contra el orden constitucional, corrupción de menores, pornografía infantil y cuando las lesiones propinadas por un adolescente afecten un órgano.

De igual forma, por ocho años a quienes comentan asalto y lesiones; hasta por siete años a quienes incurran en robo con violencia y hasta por cuatro años por el delito de robo calificado, cuando el importe de lo robado sea mayor de 100 salarios mínimos y menor de 800.

El ejercicio de la acción para las conductas tipificadas como delitos que cometan los adolescentes corresponderá al Ministerio Público Especializado.

De acuerdo con el dictamen que consta de 527 artículos y siete transitorios, el proceso para adolescentes en conflicto con la ley penal tiene como eje rector la reintegración social, familiar y cultural del adolescente.

Otro principio es el de la privacidad, mediante el cual se respeta la intimidad, privacidad personal familiar del adolescente y consecuentemente se prohíbe la publicación por cualquier medio de comunicación de dato alguno que directa o indirectamente posibilite la divulgación de su identidad.

Asimismo, se establecen como mecanismos alternativos de solución de controversias la mediación, la conciliación y todos aquéllos que sean adecuados para la solución pacífica de controversias entre las partes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado.

El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Carlos Pavón Flores (PRI), destacó que la nueva norma será un referente a nivel nacional, ya que se garantizará la reincorporación a la sociedad de los adolescentes en conflicto con la ley.

Por su parte, la diputada Lizbeth Medina Rodríguez (PAN), señaló que se aprueba una legislación de avanzada que permitirá juzgar bajo un nuevo marco jurídico a los adolescentes, respetando sus derechos fundamentales.

En asuntos generales, la diputada Magaly Cruz Nucamendi (PAN), manifestó su preocupación por la Acción de Inconstitucionalidad promovida contra la legislación de varias entidades a favor de la vida.

Por su parte, el diputado Tito Sánchez Camargo (PAN) se refirió a dos temas: a la plaga de mosco en la ciudad de Mérida y la polémica interna entre Consejeros del Ipepac.

Sobre el segundo tema, el legislador blanquiazul se pronunció a favor de la renuncia del presidente del órgano electoral, Fernando Bolio Vales. En respuesta, el diputado Juan José Canul Pérez (PRI) pidió no descalificar el trabajo de las autoridades electorales.

Siempre en asuntos generales, el diputado Carlos David Ramírez y Sánchez (PVEM) solicitó a la Presidencia de la República que aplique un programa para el combate contra el dengue “y haga su parte”.

Finalmente, por unanimidad se acordó celebrar el próximo jueves 29 del presente mes y año, a las 12 horas una sesión solemne para declarar el inicio del nuevo Sistema Penal Acusatorio Oral en el Estado de Yucatán.

La mesa directiva estuvo conformada por Carlos Pavón Flores (PRI) como presidente y lo acompañaron como secretarios los diputados Leticia Mendoza Alcocer (PRI) y Pedro Cohuó Suaste (PAN). Justificaron su inasistencia los diputados Martha Góngora Sánchez y Edilberto Rodríguez López.