La delegada Diana Canto Moreno denunció la falta de voluntad del Congreso local para culminar los trabajos de aprobación de la Ley en materia de Derechos y Cultura Maya pues a casi tres años de presentarse el proyecto, Yucatán, a diferencia de Campeche y Quintana Roo, sigue siendo un estado que carece de una ley sobre el tema.
Al comentar la ausencia de diputados locales en la inauguración del Diplomado de Formación y Acreditación de Interpretes de Lengua Maya en Procuración de Justicia, Canto Moreno deploró que el Poder Legislativo continúe en “desacato” pues desde el 11 de abril de 2007, dijo, se hicieron reformas constitucionales federales en materia indígena y se fijó un plazo de un año a los estados para que incluyan estos cambios en su marco jurídico.
Ante el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Fernando Nava López y representantes de Asociaciones Civil “Manos Libres” Procuraduría General de Justicia del Estado, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, la Universidad Autónoma de Yucatán; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Organización Manos Unidas para el Desarrollo de los Mayas AC, la funcionaria resaltó que el rezago del Congreso pone a nuestro estado en un desacato legal que discrimina los fundamentos y aspiraciones del pueblo maya.
Durante la ceremonia de inauguración del Diplomado efectuado en la Facultad de Derecho de la Uady se dio la bienvenida a 37 mayahablantes que respondieron a la convocatoria efectuada en días pasados en el local del Indemaya a la cual se inscribieron 55 aspirantes de las poblaciones de Valladolid, Chichimilá, Mérida, Ticul, Tekax, Mérida, Maxcanú, Peto, Yaxcabá, Tizimín, Umán y Kanasín, entre otros.
El Diplomado permitirá la acreditación de la primera generación de intérpretes en lengua maya a fin de cumplir el artículo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala el derecho de los indígenas el acceso pleno a la jurisdicción del estado, y que en todos los juicios en que sean parte se les tome en cuenta sus costumbres y sistemas normativos internos, garantizando que sean asistidos por intérpretes que conozcan de su lengua como se contempla en el Código de Procedimientos Penales del Estado.
Fernando Nava López, director general del INALI comentó que la no puesta en marcha de esta ley puede considerarse una forma de discriminación.
-Hemos tenido acercamientos con el Congreso, incluso, les presentamos el libro “Yucatán ante la Ley General de Derechos de los Pueblos Indigenas” en coordinación de la Universidad de Oriente y en ese momento manifestaron su deseo de avanzar y de iniciar este proceso,-dijo. Ponemos a disposición de los diputados nuestra experiencia para avanzar en esta materia, como lo hemos hecho en otros estados,-subrayó.
-Fernando Castillo Ku, originario de Peto y egresado de la Universidad de Oriente dijo que que tomará el curso motivado por el deseo de reducir los casos de injusticia y discriminación por part
