México, D.F., a 12 de septiembre de 2012.- El senador Daniel Ávila Ruiz suscribió propuesta de reformas al Confipe y el Código Penal Federal, a efecto de regular la elaboración de encuestas o sondeos de opinión, debido a que éstas siguen presentando algunos dilemas durante los últimos procesos electorales.

Junto con su compañero y correligionario Roberto Gil Zuarth, suscribieron el Proyecto de Decreto, mismo que destaca la impostergable necesidad de que el Instituto Federal Electoral instituya un Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión, integrado por cinco especialistas en la materia, quienes no deben haber ejercido actividad profesional en la actividad de referencia.

El Comité tendrá, entre otras facultades, emitir los lineamientos y criterios de carácter científico que deberán seguir las personas que realicen o publiquen encuestas; reguardar y publicar las bases de datos entregadas por quienes las realicen, y que hagan públicas las observaciones dictaminadas en sus informes al Consejo General del IFE.

La iniciativa añade que con la difusión de los resultados de la encuesta o sondeo de opinión se deberá informar, en los términos y condiciones que establezca el Comité Técnico, el nombre de quien la haya pagado o donado, total o parcialmente; el nombre de quien la haya realizado; el nombre de quien haya ordenado, contratado o convenido su difusión; la fecha, horarios y las zonas geográficas del levantamiento de la información; así como tamaño de la muestra y características sociodemográficas de la población de estudio.

La norma enfatiza “la conveniencia de incluir en el ordenamiento jurídico ciertas garantías, especialmente de transparencia y de revelación de conflictos de interés, al flujo constante de encuestas y estudios de opinión en contextos electorales”.

Ávila Ruiz señaló que “dada la potencialidad que tiene este tipo de instrumentos para inducir comportamientos de actores electorales y ciudadanos con efectos, incluso, determinantes en la formación de la voluntad electiva de la sociedad, es admisible regularlas para hacer valer el interés público de la equidad sin cercenar libertad alguna”.

La iniciativa recoge la propuesta de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), en el sentido de que se auditen los procesos y rigor metodológico de las encuestas para brindarles información certera a los ciudadanos.