Mérida, Yucatán, a 19 de agosto de 2010.- Las cuentas públicas del pasado trienio de los ayuntamientos de Abalá, Chichimilá, Peto y Tixcacalcupul, fueron rechazadas por los diputados de la Comisión de Vigilancia, tras detectar múltiples irregularidades en la aplicación de los recursos.
También se señala, que existe la presunción fundada de posibles daños y perjuicios al erario de los municipios mencionados, durante los períodos de julio a diciembre de 2007, y en los años de 208 y 2009.
Respecto a las cuentas públicas de los diversos períodos revisados, los diputados se percataron que esas autoridades municipales no se apegaron a la normatividad que estaban obligados a observar; por esta razón, al analizar los documentos remitidos por dichos órganos técnicos, adujeron que los ex acaldes incumplieron con distintas disposiciones contables y legales ocasionando con dicha conducta lo siguiente:
Inobservancia de leyes relacionadas con el manejo de la hacienda municipal.
Ejercicio indebido de las funciones públicas.
Afectación a la hacienda municipal.
Falta de cuidado y de diligencia en la administración de la hacienda municipal.
Se señala en el Dictamen que la irregular conducta de los servidores públicos responsables transgredió, en algunos casos las siguientes normas jurídicas:
Constitución Política del Estado de Yucatán.
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerías Municipales del Estado y para la Formación, Comprobación y Presentación de sus Cuentas a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Yucatán.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
Por lo anterior, los legisladores instruyeron al Auditor Superior del Estado, para que inicie los procedimientos legales pertinentes y finque a los responsables de las irregularidades, las sanciones y las indemnizaciones correspondientes, a fin de resarcir a las haciendas públicas municipales, el monto de los daños y perjuicios cuantificables en dinero que se hayan causado; y en su caso, ejercitar las acciones ante las autoridades competentes en materia penal.
Este dictamen que fue discutido con amplitud por todos los diputados que participaron en la sesión, y debe de ser aprobado por el pleno para que la Auditoría Superior del Estado actúe en consecuencia.
Asistieron a la reunión los legisladores Martha Góngora Sánchez (PRI) presidenta de la Comisión, Roberto Rodríguez Asaf (PRI) secretario de la misma, Leticia Mendoza Alcocer (PRI), Pedro Cohuó Suaste (PAN), Martín Peniche Monforte (PRI), Magaly Cruz Nucamendi (PAN), Adolfo Calderón Sabido (PRI), José Collado Soberanis (PAN) y Carlos Carrillo Paredes (PRI).
