Por Alejandro Pulido Cayón
Legislar sobre internet y redes sociales, constituye la peor pesadilla para las libertades de expresión y de conocimiento. Al mismo tiempo, es el sueño húmedo del autoritarismo. Usuario que se respete, estará en franca oposición a que se introduzcan “candados legales” para controlar el tráfico y contenidos. Aunque, considero, enfrentamos un dilema cuando se trata de cuentas institucionales del gobierno, particularmente en Twitter.
Las peculiares características de ese medio, que lo mismo permiten difundir chistes soeces, nimiedades, estados de ánimo, opiniones, rumores y verdaderas noticias de forma inmediata, conllevan una responsabilidad para las instituciones que utilizan el microblog para establecer una comunicación con la ciudadanía.
Hace apenas unos días, comenté la forma trapera en la que desactivaron la cuenta “oficial” en Twitter del Ayuntamiento de Mérida. Los vacíos legales, en ese caso, al parecer le dieron impunidad absoluta a quien dinamitó el capital social que había logrado la anterior administración. En contraste, se puede observar que en el caso de la cuenta del Congreso del Estado, se mantuvo la existente con la salvedad de que se actualizó la lista de seguidos.
A partir de la observación de distintas cuentas de las autoridades, tanto en dependencias del Ejecutivo estatal como federal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, municipios y organismos autónomos, sale a relucir un manejo discrecional, a capricho, sin objetivos claros, ni una política de comunicación definida.
Tenemos el caso de @GobYuc (enlazada con el sitio oficial del gobierno del Estado y la cuenta de Facebook), se aprecia que quien la maneja tiene vocación de Miguel Ángel Cornejo o Carlos Cuauhtémoc Sánchez, además de que la mejor función que desempeña es tuitear boletines. Además, sigue (a la fecha) sin ton ni son a dos mil 743 personas.
Donde vemos una mejor administración es en las cuentas relacionadas con áreas más sensibles para la sociedad, como son @pcivilyucatan (Protección Civil) y @PoliciaYucatan (SSP), a través de las cuales envían mensajes acordes con la finalidad de esas dependencias, a la vez que se nota mayor escrúpulo en el conjunto de personas, otras instituciones, medios de comunicación, periodistas y funcionarios a los que siguen.
Esa forma de conducirse tan dispareja en Twitter, plantea cuestiones que, en breve, deberán ser discutidas y analizadas, al menos en cuento a las autoridades gubernamentales se refieren. Salvo las cuentas personales de los funcionarios y servidores públicos, que deben ser responsables de lo que hagan para bien o para que los troleen, la información y comunicaciones oficiales deberían, considero, ajustarse a un protocolo o cumplir una finalidad concreta, de cara a los usuarios y la ciudadanía.
Cierto es que cada quien integra su comunidad conforme a intereses y aficiones personales; sin embargo, cuando decides seguir una cuenta oficial, por lo menos esperarías que fuese de utilidad, que sirviera para conocer lo que cada dependencia hace más allá de la promoción al funcionario o titular en turno. Y ya no digamos cuentas certificadas que están en el abandono, como la de @PGR_mx, cuyo último tuit está fechado hace casi seis meses, el 29 de marzo para ser precisos.
Esa (in)comunicación gubernamental en Twitter, redes sociales e internet, en algunos casos más acentuada y errática que en otros, es materia para el debate y, sin que se llegue a una regulación legal, al menos que exista la suficiente transparencia para que se nos diga cuál es y serán los lineamientos y características que, en tanto organizaciones de gobierno, aplicarán como protocolo y política. Porque así como están las cosas, son puros huecos en la red. Digo yo nomás digo.
En Twitter: @alexpulidocayon
Mérida, Yucatán, a 10 de septiembre de 2012
