Por Carmen Garay.
Deben esclarecerse plenamente los motivos de la detención de Steve Alejandro Rizos Várguez, de 21 años de edad, y Víctor René Canché Manzanero, de 25 años, mientras vendían las ahora célebres prendas del “Playeragate”. ¿Por qué delito los detuvieron? ¿Tenían playeras piratas del chiflido? ¿Estaban difamando? ¿Alteraron el orden público? ¿No tenían permiso correspondiente? Seguimos a la espera de que la autoridad hable, que aclare qué se está sancionando, con qué evidencias y por qué la detención en tales circunstancias.
Y no sólo eso: según los propios detenidos fueron víctimas de maltrato, tortura y su detención está plagada de anomalías. Si los jóvenes están mintiendo, debe aclararse y reivindicarse a los servidores públicos involucrados; si dicen la verdad, debe investigarse y castigar el abuso. Agitador y disidente no son sinónimos, como tampoco lo son legalidad y abuso de autoridad. Ante este escenario, no sólo la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán debe tomar cartas en el asunto, sino el mismo gobierno del Estado que con este suceso detona un sinfín de críticas y señalamientos; la justicia no puede dejar lugar a dudas.
La gobernadora que escucha, si lo hace realmente, debe atender las demandas de información clara y veraz sobre los motivos de esta detención y deslindar responsabilidades; de no hacerlo, la señal es de represión y no de legalidad toda vez que siguen vendiéndose en las calles otras playeras, kibis, aguas, empanadas…
Quizá las malas interpretaciones de un suceso como el que nos ocupa, tiene su origen en las mismas declaraciones de la mandataria a medios nacionales, en el sentido de tener “plenamente identificados” a un caricaturista y ciertos grupos, así como la disposición de “tomar medidas necesarias”. ¿Necesarias para qué, exactamente? Los colegas que la entrevistaron nunca pidieron que lo aclarara.
La sobreexposición de la figura de Ivonne Ortega también está “perfectamente identificada” y el monitoreo de medios locales constata las numerosas menciones de la gobernante, no sólo del gobierno. En las notas informativas se reitera su nombre, se redunda en la imagen; y en el caso del canal oficial la sobreexposición no tiene parangón, incluyendo también calificativos en exceso sobre “la sensibilidad de la mandataria”, “su compromiso”, “su preocupación”, “su promesa”.
Desde la semana pasada, tenemos además “PRImero resultados” en el noticiero “Primero Noticias” que conduce Carlos Loret de Mola. Un “infomercial”, que presenta al conductor de la fuente de espectáculos, Mauricio Clark, con camisa roja y la mejor sonrisa, entrevistando a servidores públicos yucatecos. “Antes no había centros de salud de primer nivel en Yucatán, ahora sí”, frase que es denota el desconocimiento total de las características de los servicios de salud en el país, no sólo en Yucatán (los centros de salud son el primer nivel de atención).
Por lo que toca a dicha campaña, en la que los propios burócratas promocionan logros gubernamentales en medio del proceso electoral, y se alude explícitamente a la Gobernadora, debemos recordar lo que establece la Constitución Política del país en su artículo 134:“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”
En términos estrictamente comunicológicos, la redundancia deviene ruido e interrumpe la correcta recepción del mensaje. O encubre, en lo manifiesto, significados latentes. Irónicamente, en medio de tanta propaganda y de la costosa opulencia mediática que caracteriza a este gobierno de la nueva mayoría, no se habla oficialmente de lo acontecido el fin de semana, no hay un pronunciamiento institucional –no declaraciones de banqueta-, que ataje el aprovechamiento político que hacen del asunto los partidos opositores al gobierno y las mismas autoridades, ni los graves señalamientos de censura y abuso oficial que constituyen un descrédito peor que el abucheo más estruendoso de que tengamos memoria.
