Por Alejandro Pulido Cayón
Me dejó muy triste la desaparición de la cuenta oficial en Twitter del Ayuntamiento de Mérida. Tan bonito que tuiteaban los burócratas. Y es que antes de entregar el gobierno municipal, alguien de truculentas ideas realizó gran hazaña al eliminar casi 10 mil seguidores y todos los tuits e interacciones de @ayuntamerida. Eso sí, crearon una nueva cuenta @AyuntaMerida, que algún significado oculto tendrá en las mayúsculas.
La noticia que, irónicamente, se difundió en Twitter y Facebook, plantea interrogantes de sumo interés, sobre todo porque se trataba de una herramienta de comunicación en la cual, además, se almacenaban datos oficiales que, al parecer, no están protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Terrible dilema, porque a través de esa cuenta se informaba a la ciudadanía y se recibían quejas, sugerencias y, supongo, hasta mentadas de madre, luego entonces, pienso, se trataba de información oficial almacenada en un medio digital, en este caso el servidor de Twitter.
Si los funcionarios que recién dejaron la administración interactuaban o no hacían nada con esos 10 mil seguidores es harina de otro costal, como lo es si actuaban para resolver o dejaban morir en el TL las demandas ciudadanas, que se recibían por ese medio.
Llama la atención esto por el simple hecho de que existe un vacío legal tamaño abismo. De acuerdo con expertos en transparencia, a primera vista parecería que no se ha violentado la Ley, toda vez que habría de considerarse que las comunicaciones que emitió el Ayuntamiento vía Twitter no sería información pública. Esa es una primera impresión, aclaro.
Estoy de acurdo que un político, en tanto persona, pueda borrar todas sus tuits absurdos, que así lo hacen; pero si la cuenta se presume institucional, y es operada por empleados gubernamentales, que reciben su sueldo de nuestros impuestos, además de que los fines informativos involucran a la autoridad legalmente constituida, opino que estamos hablando de un bien público, de información pública.
Imaginemos a los corporativos y empresas que utilizan Twitter para contactar a sus clientes. Sus cuentas oficiales reflejan una postura, una filosofía de hacer negocios y comunicarse. Algunos son verticales totalmente y otros apuestan a la verticalidad y horizontalidad de la comunicación, pero sea cual sea su forma de interactuar, lo hacen desde una posición oficial.
¿Cuál sería la diferencia con una institución gubernamental? ¿Cuál es la diferencia entre la información emitida como autoridad, que se resguarda en Twitter, con la respaldada en el disco duro de una computadora del Ayuntamiento? Si se considera que la sustracción no autorizada de información oficial, así sea en USB, puede ser sancionada ¿cuál es la diferencia con utilizar un password y destruir el capital social logrado en Twitter, así como los datos ahí contenidos?
Estoy seguro que hay tela para cortar en este asunto. Esperemos la postura que, en su momento, pueda adoptar al respecto el INAIP. A final de cuentas: Publicar en Twitter es hacer las cosas públicas. Digo yo nomás digo.
@alexpulidocayon
Mérida, Yucatán, a 01 de septiembre de 2012
