Mérida, Yucatán, a 24 de junio de 2012.- Los diputados federales del PRI por Yucatán, presentaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales quejas contra Juan Valencia Heredia, coordinador de Oportunidades, Fernando Medina Gamboa, delgado de la SEDESOL, los promotores Edna María Herrera Sánchez  del Programa 70 y más, Edith Yolanda Caamal Zi, Elsy Ake, María Alejandra Acosta Acosta, Raquel Pérez del programa Oportunidades y contra quienes resulten responsables por acciones que violentan el artículo 16 de la Constitución Federal.

De acuerdo con los quejosos, Juan Valencia no tiene la mínima intención de resolver el conflicto generado por el presunto «rasurado» del padrón de Oportunidades, la falta de pago desde el mes de mayo a los casi 75 mil afectados y sí de forma tendenciosa y coaccionaría, recientemente organizaron sendas caminatas en algunos puntos del estado contra «Alerta Ciudadana».

En la relatoría de hechos que constó de tres puntos, Enrique Castillo, María Esther Alonzo y Liborio Vidal en primera instancia denunciaron que a través de oficio 151-742-334-XVIII-2012, con fecha del 05 de junio del año en curso, el delgado de la SEDESOL con relación al programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más y de Empleo Temporal, le solicitaba a la alcaldesa de Maxcanú apoyo para el traslado de gestores voluntarios Edith Yolanda Caamal y Antonio de Jesús Huchin Keb, al hotel Reff de Progreso-Telchac Puerto, siendo que  la primera es candidata a regidor por mayoría relativa.

El 08 de junio los empleados de SEDESOL acudieron a Dztyá y Sierra Papacal para amenazar a los beneficiarios del programa Oportunidades y el día 11 del mismo mes en Umán y comisarías de Hotzuc y Petebilctún obligaron a beneficiarios a acudir a predios particulares y a puertas cerradas a condicionar el voto. El domicilio es de Elsy Ake de la comisaría de Hotzuc.

El día 13 en la ciudad de Mérida se detectaron  dos mil 300 familias afectadas por SEDESOL al ser retiradas como beneficiarias; le siguió Sitpach el 16, para el 18 de junio las comisarías de San Antonio Tehuitz de Kanasín y Yotholín de Ticul, afectándose a 400 familias en la primera, y en la segunda  acciones de proselitismo y coacción al voto a favor de Acción Nacional.

En el segundo punto y posterior a la denuncia de hechos, se solicita que se realicen investigaciones en los 106 municipios de Yucatán, con el afán de esclarecer las presuntas irregularidades y se detecten de forma específica a aquellos servidores públicos que incurrieron en condicionamientos y coacción para la prestación de un bien público y con fines electoreros y con abuso de autoridad.

Finalmente, piden a la Fiscalía se cite a los funcionarios y que proporcionen nombre y dirección de los beneficiarios de programas en el 2011 para cotejar con 2012, requiriendo se aclare la razón de la ausencia de los muchos beneficiarios excluidos.