Mérida, Yucatán, a 24 de junio de 2011.- Debido a las presuntas violaciones a la ley cometidas por regidores y diputados del PRI para autorizar al Ayuntamiento de Mérida la obtención de un crédito por 100 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) interpondrá las denuncias correspondientes.

La incertidumbre generada por las irregularidades en el proceso tendrá inmediatas repercusiones: el o los bancos ante los que recurra el Ayuntamiento para solicitar el crédito, podría negarse a otorgarlo o fijará tasas de interés mayores a las de un empréstito con bases firmes, en tanto que quienes inviertan en las “obras públicas productivas” en las que se utilice ese préstamo, podrían perder lo invertido si algún ciudadano interpone algún recurso. También la Federación tiene injerencia en el asunto porque tiene que registrar la deuda para garantizarla con las participaciones municipales.

Lo anterior fue dado a conocer durante una conferencia de prensa en el auditorio del comité estatal del PAN, la cual fue presidida por su presidente, Hugo Sánchez Camargo, y los coordinadores de los diputados y regidores panistas de Mérida, Magaly Cruz Nucamendi y Luis Canto García, respectivamente. Asistieron todos los legisladores y ediles de las bancadas panistas.

El regidor Canto García hizo un recuento de los “muchos atropellos a la ley” cometidos por la mayoría priísta del Cabildo de Mérida y  del Congreso, que comenzó en noviembre pasado cuando en la Ley de Ingresos se incluyó un crédito por 100 millones de pesos, a lo cual se opuso el PAN debido a que no establecía claramente para qué serviría. Después, la alcaldesa, Angélica Araujo Lara, declaró que se invertiría en cinco proyectos.

El 26 de mayo pasado se solicitó autorización para acceder al dinero, pero había contradicciones ya que incluso se incluyó el proyecto de reingeniería vial, lo que podría involucrar el “paso deprimido”, explicó el edil.

Agregó que el banco no podía conceder el dinero debido a las contradicciones, por lo que el 18 de junio se presentó otra propuesta en la que ya no se mencionaban las cinco obras, sino que sólo se decía que era para “obra pública productiva”.

Pero lo más grave, dijo, es que el Congreso del Estado, en tres días dio entrada, turnó a comisiones la cual aprobó un dictamen favorable, y la mayoría priísta del Congreso validó en el Pleno ese dictamen sin contar con un elemento clave, previsto en la ley: el acta aprobada por el Cabildo de la sesión en la que se pide a la legislatura modificar la Ley de Ingresos.

“Jurídicamente, esa acta no existe”, recalcó.

A su vez, el diputado Renán Barrera Concha señaló que hace unas semanas se recibió una iniciativa del Ayuntamiento en la que pedía autorización para afectar sus participaciones en garantía de pago del crédito, pero, después de que ya se había emitido un dictamen favorable, la Comuna envío otra iniciativa modificando la anterior, en la que ya no se incluían las obras a financiar.

“Es un asunto jurídicamente mal llevado por el Ayuntamiento y el Congreso porque no se envío el acta de Cabildo que es la que formaliza la decisión de ese cuerpo colegiado”, expresó.

Dijo que hay irresponsabilidades jurídicas de quienes tomaron las decisiones correspondientes.

Recordó casos similares a los que ha recurrido el Ejecutivo del Estado para utilizar la figura de “obra pública productiva” para desviar el destino de los recursos e incluso lavar dinero, como ocurrió con el Museo Maya para el que primero se solicitó un crédito y luego se licitó como Proyecto de Participación de Servicios, aunque al aprobarlo el Congreso estableció un monto de 400 millones de pesos, pero ahora resulta que el presupuesto es de más del doble.

También se utilizó parte del mismo crédito para la compra de las placas para vehículos, lo que encaja en la figura antes mencionada, pero al recuperar el dinero lo utilizó en lo que quiso.

Por su parte, la regidora Claudia Canto Mézquita se refirió a las dos pesas y dos medidas que aplican los priístas: Cuando la anterior administración municipal solicitó autorización para afectar sus participaciones en garantía de un crédito de 130 millones de pesos, el presidente del Congreso, Gaspar Quintal Parra, actual oficial mayor del Ayuntamiento, exigió que se precisen las obras que se financiarían con el empréstito, lo cual hizo la Comuna, pero ahora que son ellos, los priistas, quienes piden un crédito pero no definen en qué se gastará.

“Es un cheque en blanco el que se le está autorizando al Ayuntamiento”, concluyó.