Vaticanerías
Presiones celestiales al Congreso del Estado; urgen reforma al 24 Constitucional
Por Eduardo Lliteras Sentíes
La polémica en torno a la reforma del artículo 24 de la Constitución Federal impulsada (de forma soterrada, por la Iglesia Católica antes de la visita del papa Ratzinger a México) no se acaba.
En efecto. De acuerdo con una revisión hemerográfica, los congresos locales que han votado en contra de dicha reforma constitucional son los de Michoacán, Morelos, Zacatecas, Baja California Sur y Oaxaca, mientras que el voto a favor lo han emitido Hidalgo, Estado de México, Durango y Sonora.
En el caso de Yucatán todavía no hay dictamen al respecto pero los diputados del PAN (brazo político de la jerarquía eclesial) a través de la diputada Magaly Cruz Nucamendi, están presionando para que se dictamine, obviamente a favor.
Con argumentos del tipo “no a los jacobinos”, se pretende hacer pasar dicha reforma aprobada en el Senado de la República.
El dictamen avalado en el Senado de la República con los sufragios del PAN, PRI Y PVEM establece que “toda persona tiene derecho a convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o propaganda política”.
La ambigüedad del texto abriría la puerta al ingreso de la Iglesia Católica en la educación pública y laica de nuestro país con el pretexto de la llamada “libertad religiosa”, por ejemplo.
Como ha dicho la senadora priista (quien votó en contra), María de los Ángeles Moreno Uriegas, «el término de laicismo es la libertad de creer y practicar cualquier creencia religiosa sin que nos persigan por ello».
Moreno Uriegas puntualizó que se debe fortalecer la laicidad pero fortaleciendo la libertad de expresión, de pensamiento, creencias personales y familiares, políticas y forma de actuar, así como la igualdad de los derechos fundamentales de los individuos. Ha señalado, con razón, que «la aprobación de esta reforma sería un retroceso a la libertad de credo que los mexicanos tenemos garantizada desde el Siglo XIX». La senadora priista ha invitado a los legisladores de los Estados «a defender el Estado laico garante de la libertad de credo, a defender la libertad de creer y practicar lo que mejor nos convenga así como el diálogo permanente entre los ciudadanos y la libertad de pensar y de actuar».
El investigador de la UNAM, Elías Cruz Sánchez, ha explicado que el principal motivo que dio fundamento a esta iniciativa de reforma del artículo 24 Constitucional, impulsada por la jerarquía católica, es abrir las escuelas para impartir clases de religión.
Con ello, afirmó, se estaría eliminando la libertad que tiene todo ciudadano de profesar la creencia religiosa que desee y se le estaría discriminando por practicar alguna otra, con lo que se estarían violando sus derechos fundamentales.
Las Iglesias Evangélicas, en un desplegado publicado en la Capital de la República, acusaron a “la jerarquía católica” de estar “interesada en recuperar privilegios que le reportarían beneficios inmensos en los campos de la educación pública, y la posesión y control de los medios masivos de comunicación”.
Sin embargo, la jerarquía católica lo niega y afirma que “de ningún modo supone darle un trato privilegiado a la Iglesia Católica por lo quienes sostengan tal afirmación incurren en manipular la información para sus intereses”.
Lo cierto, es que la reforma se ve innecesaria ante la laicidad consagrada por nuestra Constitución. Y contraproducente, como demuestran las pugnas religiosas que ya está provocando. México necesita más educación, y no más religión.
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