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La agenda ciudadana y la legitimidad

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La agenda ciudadana y la legitimidad

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Por Carlos M. Hornelas Pineda

Mérida, Yucatán, a 24 de agosto de 2011.- La semana pasada, el movimiento encabezado por Javier Sicilia se manifestó en contra de la aprobación de la llamada Ley de Seguridad. Independientemente del análisis de todas las implicaciones de este documento, lo que pudimos observar es la emergencia de dos frentes opuestos con respecto a este tema.

De un lado, los Martí y Morera, que abogan por la aprobación de la iniciativa; mientras del otro, los Sicilia francamente opuestos a ella. Ambos frentes se despliegan ante un suelo común: la preocupación por las víctimas de la delincuencia de los últimos años, que dicho sea de paso, han sufrido en carne propia. Unos y otros han articulado desde diferentes trincheras movimientos ciudadanos que desde sus posiciones buscan posicionar en la agenda nacional el tema de la seguridad y la impartición de justicia.

Este parteaguas nos muestra que nadie tiene el monopolio de la representación de la “ciudadanía”. Es decir, aquel artilugio que se había puesto de moda en el cual se colocaba de un lado del tablero a los ciudadanos y del otro a los políticos, no es más que un discurso maniqueo que establecía una división entre la clase política y la sociedad civil.

No obstante la sociedad civil, la ciudadanía, no está conformada homogéneamente. Así como los partidos políticos no son un frente único, las diferentes expresiones de la sociedad civil articuladas tanto en organizaciones civiles u organizaciones no gubernamentales no tienen por qué ponerse en el mismo saco. En la “sociedad civil” las diferencias nos muestran la pluralidad de posiciones más allá de los partidos políticos. Evidencian además que la oposición ante el sistema no es una oposición sistemática. Es decir que para hacer escuchar sus demandas, si son legítimas, no siempre tienen que cuestionar el actual estado de cosas.

Asimismo, es digno de observar que cada uno de los grupos arriba mencionados, aunque ciudadanos, no han sido elegidos por nadie para actuar en su representación. Ellos se han autodenominado representantes o mediadores calificados de aquello que han sufrido en carne propia. Su íntimo infortunio parece ser condición meritoria para ostentar esta vicaría. No obstante, responden a diferentes intereses, sus actividades son financiadas y promovidas por diversos agentes y sus tiempos no son convergentes.

Una vez abierta la posibilidad de apuntalar una candidatura ciudadana que pudiera contender ante la llamada partidocracia, es necesario reflexionar acerca de si estas manifestaciones son o no legítimas o si acaso buscan posicionar una “plataforma ciudadana” que en todo caso ya contaría con cierta “base social” legitimada a través de la creación de redes ciudadanas en lugar de la cohesión corporativa de los partidos políticos a través de sus militantes y simpatizantes.

Finalmente este nuevo bloque político, sea o no reconocido como tal, ha aprendido ya el modus operandi de los partidos políticos: sobre un punto central -la seguridad y la impartición de justicia- han conseguido el posicionamiento ante la opinión pública quien le concede mayor legitimidad a estos movimientos que a las instituciones que subvenciona a través de sus impuestos o a los partidos políticos, a quienes si podría pedirles les rindan cuentas porque supuestamente les representan.

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