El Congreso del Estado y la Codhey firmaron ayer un convenio de colaboración para fortalecer el marco jurídico en la entidad en materia de derechos humanos. También se suscribió la minuta del Código de conducta para la intervención en comunidades rurales o urbanas que tiene como objetivo garantizar los derechos de los integrantes de las distintas comunidades mayas del Estado.

En el acto que se llevó a cabo en la sede del Legislativo, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia Rivas Rodríguez (PRI), destacó que defender los derechos humanos requiere de una constante transformación y decidido compromiso de todos: sociedad y autoridades.

}Acompañada del ombudsman estatal, José Enrique Goff Ailloud y diputados de diferentes fracciones, la legisladora firmó en primera instancia un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), que incrementará la colaboración para fortalecer el marco jurídico de nuestra entidad.

También se firmó la citada minuta que involucra a 29 organizaciones civiles que participan en la Fundación Haciendas del Mundo Maya que, luego del trabajo con 13 comunidades rurales, establecieron compromisos para la adopción de conductas apegadas a garantizar el respeto de los derechos humanos, tema que se destacó es de gran trascendencia y por ello se suma el Congreso del Estado para su aplicación y difusión.

Con este Código se buscará crear una cultura de respeto a la igualdad y la no discriminación, a través de la adopción de conductas apegadas a dignificar y garantizar los derechos de los integrantes de las distintas comunidades mayas en suelo yucateco.
Al abundar sobre el convenio entre el Congreso y la Codhey, Rivas Rodríguez elogió el acuerdo pues será vital para capacitar, fomentar, difundir y fortalecer el respeto a las garantías individuales, por lo que “caminar juntos tendiendo lazos institucionales es el principio para alcanzar todos aquellos objetivos que provean justicia y paz social.

En torno al segundo acuerdo relacionado con las comunidades rurales, reconoció el apoyo de las instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan sin descanso en favor de los derechos humanos, por lo que resaltó la firma de la minuta.
El Código de conducta para la intervención en comunidades rurales o urbanas por parte de organizaciones civiles se basa en cinco ejes rectores: la comunicación, empatía, austeridad, igualdad y honestidad, temas que se consideraron trascendentales al hablar de derechos humanos
.
El ombudsman José Enrique Goff Ailloud precisó que en coordinación con el Poder Legislativo se ha trabajado con la convicción de que el fortalecimiento de un estado democrático debe estar fundamentado en el respeto y protección de los derechos humanos.

El presidente de la Codhey manifestó su compromiso de seguir trabajando con propuestas de líneas de acción para fortalecer el trabajo legislativo en relación con los derechos humanos.
Goff Ailloud dijo que hoy más que nunca se debe crear una nueva toma de conciencia sobre el modo de entender y conocer las realidades y exigencias de la sociedad que de manera cotidiana cuestiona y confronta.

En torno al tema, Pedro Gamboa, de la Fundación Haciendas del Mundo Maya, indicó que el proyecto que dio paso al Código de conducta es el resultado de diversas mesas de trabajo en 13 comunidades durante seis meses, por lo que resaltó que se incluyan aspectos culturales y sociales, que beneficiarán a los habitantes.