Desde hace aproximadamente dos décadas, una de las principales problemáticas de derechos humanos en la Península de Yucatán son más megagranjas porcinas y bovinas. Muchas operan sin contar con la totalidad de permisos exigidos por la legislación, así como sin contar con medidas de prevención y mitigación ambiental.
Por Kalycho Escoffié
La semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la suspensión de actividades de una megagranja de cerdos en el municipio de Homún, Yucatán. Días después, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró otras cuatro en Maxcanú, Opichén, Kinchil y Mérida, también en Yucatán. Esto ha sido producto de demandas y denuncias realizadas por distintos pueblos mayas que han combatido los efectos nocivos de esta industria: contaminación del agua de los cenotes, erosión del suelo, liberación de CO2, deforestación, despojo a territorios indígenas y el riesgo de generación de nuevas pandemias. Si bien ambas noticias están lejos de ser un punto final, sí pueden ser un punto de inflexión en una historia que ha generado grandes costos ambientales y sociales.
Desde hace aproximadamente dos décadas, una de las principales problemáticas de derechos humanos en la Península de Yucatán son más megagranjas porcinas y bovinas. Muchas operan sin contar con la totalidad de permisos exigidos por la legislación, así como sin contar con medidas de prevención y mitigación ambiental. Suelen ubicarse en zonas calificadas como incompatibles para la ganadería semi-extensiva de conformidad con el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Yucatán (POETY). La cantidad de excremento que producen es limpiado con descargas de agua que se filtran por el suelo kárstico de la península, altamente permeable y a pocos metros del manto acuífero subterráneo. Incluso se han reportado centros de almacenamiento clandestino de excremento en los montes, produciendo importantes emisiones de CO2.
El marco legal tampoco favorece el escenario. La Norma Oficial Mexicana-003-CNA-1996, la cual regula la construcción de pozos para carga y descarga de aguas por este tipo de industrias, está diseñada pensando en ríos, lagos y otras fuentes acuíferas, pero no para los cenotes. Señala, por ejemplo, que debe haber un radio mínimo de 30 metros entre el pozo a construir y las fuentes potenciales de contaminación. Este parámetro no se adecua a una realidad en la cual los cuerpos hídricos no son visibles a simple vista sino ríos subterráneos (cenotes) que atraviesan todo el territorio a poca profundidad.
Gran parte de estas granjas –sobre todo las más grandes con decenas de miles de cabezas de ganado- pertenecen a la empresa Grupo Porcícola Mexicano, conocida comercialmente como Kekén. Su producción no atiende a la demanda local sino a la exportación de carne al resto del país y a países de Asia como China, lo que implica que en Yucatán se está pagando la huella ambiental de distintas regiones. Pueblos indígenas, ambientalistas y activistas por los derechos de los animales han emprendido distintas batallas para evitar la degradación ambiental y la pérdida de los cenotes, que son la principal fuente de agua en la región. Casos como los de Kinchil, Homún, San Antonio Chel y Chapab son algunos de los ejemplos más mediáticos.
La confirmación de la suspensión de la granja de Homún (de 50 mil cerdos) y la clausura de otras cuatro no es cosa menor. Una de ellas es la de Kinchil, donde se crían los cerdos, por lo que representa un golpe estructural a la producción de Kekén. No obstante, la solución no vendrá del cierre de granjas caso por caso sino de medidas legislativas y administrativas más estructurales. Las dos noticias deben celebrarse, pero no puede engañarnos con la idea de que el Estado Mexicano ya ha cumplido con la totalidad de sus responsabilidades.
.-Con información de Animal Político
