Dicen por ahí que las mejores leyes son las que se hacen con tremendos vacíos, que dejan amplios espacios para a interpretación y huecos por los que se puedan colar cualquier clase de asuntos, porque carecen de una legislación precisa.
Casos en Yucatán tenemos de sobra; por ejemplo, lo que ocurrió con el feminicidio, que pese a considerarse delito desde el año 2012, es la fecha en la que ni siquiera se ha juzgado un solo caso de los más de 78 que reportan organismos ciudadanos. Eso, debido a un boquetazo en el código penal.
Ahora tocó el turno a la reparación del daño en los casos de violaciones a los derechos humanos. A mediados de la semana que concluyó, el Pleno del Tribunal Constitucional del
Estado resolvió por unanimidad que existía una omisión legislativa, pues los productivos, fructíferos y siempre atentos diputados, desde hace dos años, seis meses y 21 días (a la fecha) se les olvidó que debían crear una ley que garantice a las víctimas por cuestiones de derechos humanos que se resarza el daño que les han producido. Ligera desmemoria. Ya sabemos que las grillas y jugar a los trapecistas son prioritarios para su noble labor, pero que no se la jalen con este tipo de asuntos.
Digo,normalmente, estas cosas el gobierno las prefiere tratar en los oscurito. ¿Cómo va a ser que los acusen de violar los derechos humanos, si Yucatán es la tierra con mejor percepción de seguridad, donde “el bienestar” es el sustantivo de moda? No, pues no se vale que el Poder Judicial se balconeé al Legislativo y, de paso, meta en un brete presupuestal al Ejecutivo. Carambas, si estamos haciendo política tranquilos. ¿Para qué moverles el tapete, sacarlos de su zona de confort?
El proyecto presentado por el magistrado Ricardo de Jesús Ávila Heredia, que fue aprobado por unanimidad (reitero), señala que: “Todas las autoridades y organismos autónomos del Estado de Yucatán, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley”.
Eso, en cristiano, significa que carecer de una Ley que vele por la reparación del daño en los casos de violaciones a derechos humanos, “se traduce en una afectación directa al orden constitucional, al transgredir el artículo 2 párrafo 1º de la referida Constitución”, según palabras entrecomilladas del propio Ávila Heredia.
Así las cosas. En términos llanos, el Poder Judicial, de cierta manera, emplazó al Legislativo para que en un plazo no mayor al de dos períodos ordinarios –equivalentes a un año, aproximadamente- para que subsane la dichosa omisión legal. Dada la promulgación de la Ley, faltaría que se reglamente, y también obligaría al Ejecutivo a que destine un fondo presupuestal para estos fines. De acuerdo con la organización civil Fundar, las reparaciones en materia de derechos humanos generalmente suelen ser monetarias, aunque apuntan que: “Persiste la estigmatización de las víctimas y la victimización secundaria que sufren al acceder a los mecanismos de reparación”. Veamos cómo resuelve este asunto la clase política yucateca. Es cuanto les cuento.
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