Derechos humanos de Yucatán amplia medidas cautelares al puerto de Celestún, que replicó acciones de expulsar a los fuereños, como empezó al Dzilam. En lugar de violencia, diálogo, el estigma es un signo de discriminación.
Sin embargo,se ha publicado que en estos puertos la población ha orillado a los “foráneos” a dejar la comunidad, en el caso de San Felipe “sacaron a 52”.
-¿Codhey puede ir más allá de las medidas cautelares?
“Hemos hecho llegar las medidas cautelares y las han aceptado, han privilegiado el diálogo, hemos llamado a que la violencia no es la forma para solucionar el conflicto, debe prevalecer el dialogo, el entendimiento y no se puede expulsar a las personas que no son originarias de estos puertos.
“Hemos iniciado los procedimientos de queja (del adulto mayor brutalmente golpeado), están abiertos los expedientes de queja y estamos atentos al desarrollo; hasta hoy no hay omisión de los alcaldes”, dijo José Enrique Goff Ailloud, presidente de la Codhey.
-Pero terminan expulsando a los “foráneos”, en San Felipe sacaron a 52.
“No tengo conocimiento y, si es así, es violatorio de los derechos humanos y si las autoridades están involucradas tienen responsabilidades”, dijo.
Agregó que también tiene responsabilidad la Secretaría de Seguridad Pública, para garantizar la seguridad y el derecho a la integridad y seguridad de las personas.
-¿Tiene programado acudir a los puertos?
“Personal de la Codhey ha ido a los puertos excepto Celestún, pero la SSP debe asumir su compromiso para garantizar la seguridad de todos los habitantes”.
Recordó que se atenta contra los derechos humanos, particularmente con los Artículos 1º de la Constitución, que no permite la discriminación, así como el 11º, que es el libre tránsito.
“Nadie tiene derecho a violentarnos, los tachan de delincuentes y este estigma debe ser erradicado; si una persona comete un ilícito que se presenten las denuncias penales como se ha hecho en Dzilam, sobre el adulto mayor que fue brutalmente golpeado y se presentaron las denuncias penales, entiendo que se sigue un proceso penal, igual que el robo en un supermercado.
