La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) señaló que se requiere infraestructura que garantice la movilidad, accesibilidad urbana y transporte para personas con capacidades diferentes.
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, urgió a todos los órdenes de gobierno a redoblar el compromiso hacia las personas con discapacidad y crear protocolos de actuación para la atención de este grupo en situación de vulnerabilidad.
Al presentar las conclusiones del Foro de Discapacidad, en el que participaron más de 60 organizaciones civiles y 250 personas, destacó el tema de acceso al trabajo y desterrar la política asistencialista para lograr la plena inclusión de ese sector. «Además es importante realizar ajustes a las instalaciones y espacios físicos de las instalaciones de las instituciones, para que la falta de accesibilidad no sea un impedimento para hacer uso de los servicios que brindan», precisó.
El evento, denominado «México ante la mirada del mundo: retos y perspectivas sobre derechos humanos y personas con discapacidad», fue convocado por la CODHEY, la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX) y la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental A.C. (Aypadem).
En un comunicado, el ombudsman expuso que otro de los pendientes es el tema del trabajo, pues se requieren oportunidades de empleo dignos, bien remunerados y que permitan desarrollar sus potencialidades y ser independientes en la sociedad. De acuerdo con el boletín, en el evento se concluyó la necesidad de desarrollar mecanismos que permitan eliminar mitos sobre la discapacidad, partiendo desde una perspectiva de derechos humanos y se propicie el uso adecuado de términos.
Asimismo, establecer estrategias para que las personas con discapacidad cuenten con información veraz y oportuna, a través de formatos accesibles como sistema Braille, macrotipos, en versión de audio, con interpretación en lengua de señas.
Otra conclusión habla del desarrollo de procesos formativos, basados en el paradigma de derechos humanos que propicien la inclusión y la no discriminación de las personas con discapacidad, dirigidas a funcionarios de la administración pública de las diferentes instancias de gobierno. (Notimex)