Este martes entra en vigor la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán que, entre otros puntos contempla la denuncia ciudadana y establece un recurso único para impugnar una resolución gubernamental que suprime las 44 que existían.

Sobre la ley, publicada hoy en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el Consejero Jurídico Sergio Cuevas González recalcó que está encaminada a otorgar certeza jurídica a los gobernados, pues únicamente tendrán que acudir a esta norma legal para conocer la forma en que llevarán al cabo algún trámite o procedimiento administrativo, con formalidades mínimas.

A su vez, a las autoridades administrativas les facilitará la instrucción de los diversos procedimientos en materia de su competencia, pues en una sola ley encontrarán las reglas para substanciar un procedimiento administrativo, y un solo recurso, el de revisión, para resolver el medio de impugnación que procede de acuerdo a la nueva ley.

Uno de los artículos, establece un recurso único para impugnar los actos administrativos emitidos por la autoridad y que el ciudadano considere le causen agravio, por ejemplo, si una persona se siente perjudicada por una resolución que niega una licencia de uso del suelo, puede presentar el recurso de revisión ante la autoridad municipal.

Ahora, se deberán atender las solicitudes de los ciudadanos, lo que significa que la autoridades no pueden dejar de dar respuesta a un trámite, ya que en su caso, el silencio de la autoridad se puede traducir en la afirmativa o negativa ficta, es decir, en una respuesta favorable o desfavorable, respectivamente.

Se incluye también el procedimiento denominado “denuncia ciudadana”, para que la autoridad lleve al cabo la revisión del acto que se considere fuera de la ley por ejemplo, si alguien detecta la venta clandestina de bebidas embriagantes o de cigarros a menores de edad.

En la elaboración de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado, integrada por 149 artículos distribuidos en diez títulos, participaron representantes de universidades, colegios, organizaciones privadas y de profesionales, integrantes del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.