Por LAE Luis Israel Ruiz Robertos, MF
Hace algunos años, el acceso a financiamiento o inversiones era un tema reservado para un sector pequeño de la población, con cierta formación financiera, de negocios o recursos económicos lo suficientemente grandes para tener contacto con instituciones bancarias, casas de bolsa u otros organismos similares. Algunas operaciones, como consultar el saldo, realizar un pago o un depósito, eran transacciones que sólo podían hacerse en sucursales y en horarios fijos y días hábiles.
El avance de la tecnología a nivel mundial llevó al uso cada vez más extendido de recursos financieros accesibles a la población general, lo cual propició la necesidad de regular un sector en crecimiento en México, conocido como Fintech (Financial Technology).
El 8 de marzo de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto firmó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera -también llamada Ley Fintech-, con la cual se buscaba ordenar y dar certeza jurídica a los usuarios de servicios financieros a través de plataformas digitales, así como promover este nuevo campo en crecimiento, a través de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y otras autoridades financieras. Sin embargo, el tema Fintech estuvo ausente de las pláticas u opciones del público general durante muchos años hasta que la pandemia de Covid-19 obligó a un gran número de empresas, al sector financiero, al gobierno y a los usuarios a utilizar instrumentos y mecanismos que ya existían y que cobraron impulso y desarrollo a partir de la necesidad de seguir operando en un ambiente restringido de movilidad.
Ahora, una persona puede comprar productos a través de plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre, Shein u otras, y pagar desde su celular o su computadora, con un buen nivel de seguridad (desarrollo de medios de pagos digitales); solventar la realización de un proyecto personal o comunitario gracias al interés y apoyo de muchas personas que pueden aportar recursos al mismo, financiándolo y obteniendo un rendimiento mediante de un mecanismo de intermediación –crowdfunding o financiamiento colectivo-; también es posible realizar un pago de tarjeta de crédito, efectuar una transferencia a una empresa o familiar a través de la app del banco; invertir en cetes por medio de la página de cetesdirecto.com, sin cobro de comisiones; abrir una cuenta en un banco virtual (neobanco) con la posibilidad de tener un cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, préstamos, pago de servicios, enfocados principalmente a un público joven con uso intensivo de dispositivos electrónicos.
Alrededor de éstas y otro tipo de instituciones y servicios financieros digitales existe el desarrollo de temas que caminan a la par, como la seguridad de las transacciones, la rapidez y disponibilidad de los servicios, la innovación, la internacionalización de las operaciones, la regulación comercial y tributaria, el manejo de las quejas y los mecanismos de protección de los usuarios, la inclusión financiera y la promoción de la educación y cultura financieras.
En todos estos temas, así como en otros con amplio avance en nuestro país y en Yucatán, tales como el marketing digital, la promoción de los negocios internacionales, la logística y el perfeccionamiento de las llamadas habilidades blandas o no cognitivas, las instituciones públicas, privadas y en especial las universidades, tienen una gran responsabilidad e impacto a través de la formación del capital humano y la difusión del conocimiento, para lograr no sólo el crecimiento económico y social del estado, sino también una mayor inclusión financiera y oportunidades de trabajo y desarrollo.
*Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Modelo.
