La exención de impuestos y facilidades obtener recursos en los tres niveles de gobierno para desarrollar actividades a favor de gente en situación vulnerable, son algunos de los puntos innovadores que se proponen en la Ley de Asistencia Privada que entregaron hoy el Consejero Jurídico Sergio Cuevas González y el director del DIF Yucatán Tirzo Suárez Sahuí al Congreso del Estado.

La ley vigente que regula a las instituciones de asistencia privada en Yucatán tiene 94 años de antigüedad, lo que dificulta la labor benéfica de las organizaciones que apoyan a los individuos o grupos de población vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social; situación que se pretende dejar atrás con la propuesta.

Luego de la entrega del documento, el director del DIF Tirzo Suárez Sahuí señaló que se calcula la existencia de alrededor de 260 organizaciones, sin embargo, la institución tiene registradas 115, de las cuales 43 son apoyadas por la administración de la siguiente manera: 31 en forma económica y especie, mientras que una docena sólo en especie, lo que beneficia a un total de 2,800 personas en situación vulnerable

Por su parte, el Consejero Jurídico manifestó que a través de la Ley de Asistencia Privada el gobierno no sólo fomenta el desarrollo de las mismas otorgándoles beneficios para realizar actividades que les permitan obtener fondos sin estar obligadas al pago de impuestos, sino también busca regularizarlas para que no se conviertan en instrumentos para obtener dinero sin gravarlo, es decir, se evitará que tengan fines de lucro.

La propuesta también contempla el Registro de Instituciones de Asistencia Privada, que tendrá como fin conocer las instituciones de ese tipo que existan en el estado y difundir los servicios asistenciales que presten, facultar a la autoridad para realizar visitas de verificación que versarán sobre el estricto cumplimiento de la ley, así como para imponer sanciones por incumplimiento de la misma.

Además permite establecer medios de defensa para las instituciones de asistencia privada que sean injustamente sancionadas, remite a la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos (iniciativa presentada por el Ejecutivo el día 16 de junio de 2009).