El diputado panista Daniel Ávila Ruiz presentó ante la el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción una queja formal por el presunto mal manejo de recursos en la Secretaría de Fomento Agropecuario, particularmente en el Programa Estatal de Apoyos Directos a Productores (PEAPY).
Ávila Ruiz llegó a las 13:10 horas a las oficinas de la dependencia para entrevistarse con el titular Luis Aldana Burgos, titular, pero en el inmueble se le informó que el funcionario estaba en la Ciudad de México y regresaría hasta el jueves por la mañana.
Martha Balam Guzmán, jefa del departamento de atención al público, recibió la queja y se comprometió a darle el procedimiento que le corresponde, señalando al diputado que en se tienen 5 días hábiles para analizar la queja y si es necesario se pedirá al funcionario que subsana los señalamientos.
La funcionario también señaló que a la institución le corresponde analizar las anomalías y de ser necesario canalizan a la Contraloría las quejas a fin de que realice los procedimiento de sanción hacia los funcionarios que asó lo ameriten, así como la configuración de los expedientes por los delitos en caso de existan.
El diputada le recordó al momento de entregar la queja, que ésta se basa en la auditoría que la Secretaría General de la Contraloría realiza en el Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del período de agosto a diciembre de 2007 y de enero a abril de 2008.
Además de la queja, el diputado entregó copia de un cheque por 600 mil pesos a nombre de Diego Rodríguez Guerrero, secretario técnico del Programa Estatal de Apoyos Directos a Productores (PEAPY).
Por el último el legislador pidió que “como institución encargada de combatir la corrupción hagan algo”.
“Si la Contraloría General del Estado ya tenía conocimiento de las irregularidades, ¿porqué no hizo nada? Espero pronto den respuesta y aclaren los hechos que se señalan”, dijo el panista.
Cabe recordar que el pasado viernes Ávila Ruiz envío a los diputadas Gabriela Santinelli Recio y Elsa Sarabia Cruz, presidentas de las comisiones de hacienda, y tenencia de la tierra, respectivamente, a fin de que soliciten un informe detallado sobre las anomalías que ha denunciado públicamente.
