Mérida, Yucatán, a 07 de octubre de 2012.- En el marco de la ponencia, “Acciones afirmativas en discapacidad”, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge Victoria Maldonado, hizo un llamado a las autoridades y sociedad a atender el tema de la discapacidad desde una perspectiva de la responsabilidad social.

El ombudsman participó en las actividades para conmemorar el Día internacional de la no violencia; el día internacional de las personas de la tercera edad, y el día mundial de la discapacidad auditiva, que convocó la Comisión de equidad de género, grupos vulnerables y derechos humanos del Congreso del Estado, que preside la diputada, Elsa Sarabia Cruz.

El evento se realizó anteayer en el Aula Magna del Congreso del Estado con el objeto de hacer del conocimiento de la sociedad la importancia de vivir sin violencia, con la finalidad de tener mejores ciudadanos y fomentar la paz.

Asistieron los Consejeros de la CODHEY, Marcia Lara de Moreno, Pilar Larrea de Peón, Miriam Jure Cejín y José Inés Loría Palma; también asistió la directora del Instituto para la Equidad de Género, Rosario Cetina Amaya, así como diversos representantes de la sociedad civil organizada.

En su ponencia, Victoria Maldonado analizó la ley mexicana para las personas con discapacidad y su comparativo con la legislación española, la cual aseguró es una copia casi puntual.

Al inicio explicó que a pesar de que en la Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad de 2011 dice que las acciones afirmativas o positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultura,  aún no hay avances.

“Se requiere, entonces, que a través de la acciones afirmativas se fomente la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad; esto a través de la acción e intervención efectiva del estado a través de sus tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal”, precisó en su ponencia.

El ombudsman indicó que el problema de la desigualdad   es un problema complejo, amplio y que debe ser abordado por toda la sociedad, pero desde la óptica de los organismos públicos en Derechos Humanos en interés se centra en las acciones que implementen desde el ámbito público.

“El estado y sus instituciones deben ser los primeros en cumplir los preceptos de  la inclusión y que no se fomente desde la esfera pública la desigualdad ni la discriminación”, indicó.

Victoria Maldonado precisa que Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, en su artículo siete, denominado salud y asistencia social, señala que las personas con discapacidad deben de gozar del más alto nivel de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación.

No obstante, precisa que uno de los aspectos “ya rebasados” en la doctrina de la discapacidad es considerarla un problema primordialmente clínico, cuando debería ser atendido desde una perspectiva de responsabilidad social.

En el tema laboral, que señala el artículo 11 de dicha ley, se establece que la Secretaría de Trabajo y previsión social promoverá el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y equidad.

Respecto al apartado laboral, el presidente de la Codhey indica que es fundamental dotar a las personas con discapacidad de habilidades certificadas, mediante cursos para el aprendizaje y entrenamiento de diversos oficios, ya que esto no sólo beneficiaría el desarrollo personal sino la cualificación laboral para acceder o mejorar sus posiciones en sus centros de trabajo.

Otro punto que destacó durante su ponencia, fue la implementación de cuotas laborales para las personas con discapacidad en las empresas, señalando la cifra de un cinco por ciento de las plazas para este grupo en situación de vulnerabilidad.

“Ahora que se discute la implementación de una nueva Ley Federal del Trabajo, es momento clave para incidir en la adopción de este criterio, que de verdad sería contundente”, precisó.

Otro punto que tocó el ombudsman en su presentación fue el tema de la accesibilidad universal  y la vivienda, pues la ley federal señala que las personas con discapacidad deben gozar de estos derechos.

Sin embargo,  puntualizó, en dicha ley no se establece qué dependencia en específico es la encargada de vigilar su cumplimiento.

“Es muy amplia al señalar que compete al ámbito federal, estatal y municipal, al sector público y privado, pero no designa un área responsable que verifique que toda construcción pública o privada, porque así lo mandata la ley, cuente con espacios accesibles; por otro lado, que también vigile que se hagan las modificaciones en las estructuras públicas o privada que actualmente sean inaccesibles”, señaló.

El último punto abordado por el ombudsman fue el referente al transporte público y comunicaciones, y en el artículo 19 se asienta que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información.

Victoria Maldonado remarcó la importancia de involucrar a las autoridades estatales en materia de transporte público. En Yucatán no se cuenta con transporte público accesible que facilite la movilidad de las personas físicamente limitadas.

“Un transporte público accesibles es la diferencia entre generar condiciones de vida independiente e inclusión social  o mantener a estas personas en la indigna condición de dependencia y exclusión social”, aseveró.