De 1,500 cajas de seguridad de FNS en Cancún

Los arrendatarios de cajas de seguridad en Cancún, Quintana Roo, aseguradas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, siguen batallando, pues esa autoridad se negó a recibir los 17 amparos que les fueron otorgados para que no se abran sus cajas ni se trasladen a la Ciudad de México.

Santiago Ancona Teigell, representante legal de la empresa First National Security (FNS), donde la SEIDO incautó las cajas de seguridad, recordó que 17 personas ganaron igual número de amparos para esos dos propósitos.
No obstante, dijo que las personas acudieron a llevar sus amparos al lugar, como corresponde, pero los de la SEIDO y los de la PGR se negaron a recibir los documentos, lo que calificó como una burla porque ahora se están pasando por el arco de triunfo la orden de un juez.
—Ellos llevaron al lugar los amparos y la autoridad no se los quiso tomar, no se quiso dar por enterada, por lo que los clientes los pegaron en la pared para dejar constancia de la arbitrariedad que sigue ocurriendo, expuso.
Dijo que ellos, como empresa, solicitarán una ampliación del amparo que ya presentaron de manera global para que se frene la apertura y posible traslado de las cajas, exigen además que se conozca en qué se basa y qué alcance tiene la supuesta orden de cateo que la PGR dice tener, pero que hasta el momento no se le ha mostrado a nadie.

La “orden”

Lo anterior, porque en su escueto comunicado del martes pasado la PGR dice contar con una orden de cateo que le otorgó el Juez en turno Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, pero hasta el momento no se conoce dicha orden.
Además, dijo que se debe transparentar dicha “orden”, si es que existe, debido a que una cosa es la empresa y la otra las mil 500 cajas que son propiedad de los arrendatarios.
—Podría ser que hayan obtenido una orden para tomar las instalaciones de la empresa, pero ésta no podría abarcar las mil 500 cajas que son de particulares y resulta francamente imposible pensar que un juez haya otorgado mil 500 órdenes de cateo para las cajas.
—Entonces debemos saber qué es lo que está pasando y, además, porque en ese sentido está el exhorto que hizo el Congreso de la Unión de que se informe qué acciones y porqué se están llevando a cabo, comentó.
—No creemos, lógicamente, que haya girado una orden por cada una de las cajas, sería muy raro, aunque el juez sí pudo haber ampliado la orden que giró, pero todo esto se debe transparentar, pero ellos (la PGR) están usando el pretexto de la secrecía de la investigación para no informar de tema, expresó.

Turbia actuación

Señaló que ahora la PGR ha declarado a medios de comunicación que procedieron, “porque sabían que gente de la delincuencia organizada sabía que había prestanombres que tenían cajas, pero que no saben quiénes eran”
—Pero esto es una teoría un poco ambigua, porque no puede ser que aseguren e intervengan las cajas de mil 500 personas, afectando a tanta gente y ahora protegen este turbio actuar diciendo que es por una lucha contra los criminales, dijo.
Además, externó que la PGR ahora dice que han contado con la colaboración de la empresa, pero eso es una mentira porque a la empresa nunca la han tomado en cuenta y ni el representante legal o empleado alguno han estado presentes en el momento de la apertura de las cajas.
—Están manejando que tuvieron una primera orden para catear y para impedir que nadie entrara y luego habrían tenido una orden del juez que les permitiera abrir las cajas, que son propiedad de mil 500 personas que las rentan. Y aquí vemos entonces que si todos son sospechosos no sirve para nada entonces la presunción de la inocencia, comentó.