Mérida, Yucatán, a 03 de febrero de 2012.- La mayoría priista en la Comisión de Puntos Constitucionales evitó de nuevo que la alcaldesa con licencia Angélica Araujo Lara sea sometida a juicio político, en esta ocasión a solicitud de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida que presentó desde el 5 de enero su presidente Jorge Manzanilla Pérez, manifestó el PAN a través de un comunicado.

Según los panistas, en este caso incluso se violó el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que establece que el Secretario General del Congreso, Martín Chuc Pereira, debió turnar “de inmediato” la solicitud a la Comisión, pero pasaron más de 20 días para darle curso.

Como ocurrió en agosto pasado, señala el documento, cuando numerosas organizaciones ciudadanas solicitaron el mismo procedimiento contra Araujo Lara por las agresiones contra decenas de personas el 4 de julio de 2011 en la glorieta del Paseo de Montejo, los priistas evitaron una vez más -con su mayoría en la Comisión- que se inicie el juicio político que demandaron los comerciantes por no cumplir con sus obligaciones de detener el comercio ambulante en el primer cuadro.

Este fue el tercer juicio político que frenan los priistas por medio de la Comisión de Puntos Constitucionales. El otro fue en diciembre pasado cuando declararon que no corresponden a las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, las pruebas contenidas en la solicitud del regidor meridano Kirbhey Herrera Chab y de Orlando Pérez Moguel contra el secretario estatal de Hacienda, Juan Ricalde Ramírez, por haber aceptado en donación, por parte del Ayuntamiento de Yobaín, un terreno en el puerto de Chabihau.

“No ameritan incoar el procedimiento en virtud de que las conductas atribuidas a la servidora pública no corresponden a las enumeradas en el artículo 7 de la Ley…”, indicó el acuerdo tomado por los priistas.

El diputado José Carlos Puerto Patrón, del PAN, preguntó quién toma las decisiones en el Congreso porque el dictamen fue elaborado por la Secretaría General sin recabar siquiera la opinión de los diputados.

Señaló que los solicitantes del juicio político establecieron con claridad qué leyes son violadas con el ambulantaje y aclaró que no sólo son afectados los comerciantes establecidos sino también los meridanos, por la obstrucción del paso en las aceras.

Precisó que no corresponde a la Comisión decidir si son o no violadas las leyes, ya que esto es atribución de la Comisión Instructora, sino determinar si se cumplen las causales establecidas en la Ley de los Servidores Públicos.

A su vez, la diputada Patricia Carvajal Remis, también del PAN, señaló que parte del trabajo de los diputados es representar a las diferentes voces de los yucatecos y la Canaco de Mérida cuenta con más de mil afiliados. Agregó que el ambulantaje no afecta sólo a intereses particulares.

Al final, los cinco diputados del PRI votaron a favor del dictamen que desechó continuar con el procedimiento para el juicio político. Los dos legisladores del PAN votaron porque el caso continuase su curso.