Mérida, Yucatán, a 19 de junio de 2011.- El Consejo de la Judicatura del Estado, nombró a los dos primeros jueces de ejecución de sentencias, nuevas figuras previstas en la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad que recién entró en vigor, como parte de la implementación de la reforma al sistema penal acusatorio que se desarrolla en el Estado.

Los nuevos jueces son los profesionales del derecho Níger Desiderio Pool Cab y Silvia Carolina Estrada Gamboa, quienes aprobaron los exámenes correspondientes al sistema de carrera judicial y que antes del nuevo encargo se desempeñaban como proyectista y coordinadora de mediación en los juzgados especializados en justicia para adolescentes respectivamente.

El pasado 10 de junio se publicó en el Diario Oficial del Estado la nueva Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, que entra en vigor el día de mañana. Entre otros avances en materia de impartición de justicia, dicha Ley deja en manos del Poder Judicial la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad para dar continuidad a la actividad del juzgador que conoció del proceso penal y dictó la sentencia y no romper dicha secuencia.

“Ustedes hacen historia en este primer paso para implementar la reforma penal, su labor será oral y es un privilegio y una alta responsabilidad velar por los derechos de los sentenciados y mantener estabilidad en los centros de reinserción”, expresó el presidente del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Celis Quintal, durante la toma de protesta de los nuevos jueces.

De acuerdo con la Ley, el Juez de Ejecución de Sentencias será la autoridad que conocerá de todas las cuestiones que se susciten durante la etapa de ejecución de sentencia, velando siempre por el respeto a los derechos humanos y penitenciarios de los sentenciados.

Estos jueces se encargarán de resolver lo relativo a los beneficios de libertad anticipada, libertad definitiva, aplicación de leyes más benignas o jurisprudencia más favorable, quejas contra el régimen o el tratamiento penitenciario, o bien, en contra de las medidas disciplinarias o medidas especiales de vigilancia que se apliquen en los Centros de Reinserción Social, entre otras de las funciones que les otorga esta Ley.

Para obtener su nombramiento, los nuevos jueces se sometieron a un cuidadoso proceso de selección que duró varios meses y en el que los vencedores aprobaron exámenes jurídicos, de habilidades, escritos y orales.

El concurso para obtener los nombramientos comenzó con 25 profesionales del derecho, participaron en talleres de litigación oral y tras una revisión de habilidades quedaron 16, luego del examen de conocimientos el grupo se redujo a diez; finalmente, hubo un escrutinio práctico y surgieron los triunfadores.

El sínodo del último examen estuvo integrado por los magistrados de la Sala Penal y de la Sala Mixta.