Por Carlos M. Hornelas Pineda.

El cambio es, por antonomasia, la alteración de un estado anterior de las cosas, hacia otro distinto. Los cambios representan la novedad incorporada al sistema, en lugar de la redundancia, como lo sabe Wiener o Watzlawick. Como lo ignora Calderón u Ortega Pacheco.

Los recientes cambios en los gabinetes, en vez de representar la novedad, resultan reacciones de adaptación, enroques estratégicos para legitimar el actual estado de las cosas: “Cambiar para seguir iguales”, como diría Helios Gómez Pinzón. “El cambio”, mas no “los cambios” es lo que unos y otros no controlan y es aquello que sigilosamente ocurre mientras que se aferran a sus seguridades y confort.

¿En qué consiste ese cambio? En las condiciones en las que se llega a las elecciones de 2012. Independientemente de las necesidades por saber si hubo o no ganador del proceso electoral anterior, es necesario reconocer que el proceso ha dejado claro que la elección popular obedece a una cuestión personal más que a una partidista. El elector ubica perfectamente a los candidatos como personas, pero ignora las plataformas electorales del partido que los postula.

Las famosas alianzas han demostrado anteponer su carácter pragmático para la obtención del poder, antes que representar a una ideología auténtica o a un ciudadano militante de una fuerza política. Cuando signos políticos se suman para obtener mayoría aritmética, el ciudadano es restado del proceso y se le defrauda por partida doble.

En primer lugar, porque  su candidato no representa una ideología fija e identificable con programa político basado en valores cívicos y políticos, sino una posición relativa respecto de los otros contendientes, respecto de sus movimientos en la jugada del momento. En ese sentido, el argumento de los partidos políticos de que los candidatos ciudadanos no representan necesariamente a un sector de la población, se derrumba. Los partidos políticos tampoco: son móviles, escurridizos, contingentes, espontáneos y volubles; y por si fuera poco, en algunos casos postulan a candidatos sin experiencia en los partidos políticos, es decir a ciudadanos y no a políticos.

En segundo lugar porque los contendientes no necesariamente representan al partido político, entendido como un grupo cohesionado de interés en la política. En muchos de los casos, los candidatos de un partido político, pertenecían a otro o eran identificados con otra militancia. Ante ello, cabría reconocer que el juego democrático al interior de los institutos políticos pierde credibilidad y vigencia: las reglas son opacas u obedecen a ciertos grupos, no al partido.

En las alianzas y coaliciones resulta igual o peor. Si dos partidos postulan al mismo candidato, ¿por qué el ciudadano promedio tiene que mantener al menos a dos estructuras políticas distintas si el candidato es el mismo? Cada partido de coalición replica el gasto en propaganda, tiempo en los medios y recursos. ¿No deberían reducirse si sólo contienden en grupos/ coaliciones?, ¿no desaparece en éstos el partido político y todo gira en torno a una persona y ciertos grupos de interés?

Por último, cuando el ciudadano vota por un candidato en coalición ¿qué partido gobernará?, es decir, cuando se haga el recuento de los votos y resulte ganador ¿hará un gabinete de coalición distribuido proporcionalmente al número de votos logrados por uno y otro partido? O bien ¿qué método se colige para garantizar esa representatividad en la administración pública?, ¿qué partido, a final del día podrá recibir las cuentas de los platos rotos si el ciudadano sale defraudado?

Así, la confianza del ciudadano promedio se erosiona y ello aumenta el abstencionismo. Provoca el círculo vicioso ¿para qué votar? Los militantes en primera instancia y los indecisos en segunda, deciden como minoría lo que afectará a la mayoría. Y entonces surge el siguiente círculo vicioso ¿cómo pedir cuentas a quien gobierna si los electores se abstienen a priori y desconfían de ellos? ¿Para qué escuchar o rendir cuentas a quien no te eligió?, ¿existe corresponsabilidad elector/electo?

Como saldo del proceso quedan más interrogantes que respuestas. Algo está cambiando. Pocas son las certidumbres que tenemos. Una primera es que la confianza en los partidos políticos y las instituciones que lo garantizan han perdido la legitimidad y la certeza que antaño las caracterizaban.

La segunda certeza es que el presidencialismo está buscando a toda costa su espacio para imponerse nuevamente, tratando de contrarrestar el poder que se ha concentrado no en el legislativo sino en los gobernadores estatales quienes han sido los verdaderos artífices de los resultados de las victorias o derrotas de los candidatos de la pasada elección.

Los gobernadores, en un regreso a las prácticas del pasado prodigaron los recursos del erario a sus correligionarios para inclinar la balanza a su favor. Por su posición y la representación de diversos grupos de intereses se convirtieron en los verdaderos electores al imponer a sus candidatos. Son los gobernadores la reencarnación del caciquismo y caudillismo que controlan sus zonas de influencia a través de los medios de comunicación y las oficinas a su cargo.

En algunos casos, han promovido a candidatos afines aún cuando ni siquiera fueran de su partido, con el propósito de posicionarse más allá del sexenio y ganar espacios de influencia, o bien para ganar la simpatía y el boleto de impunidad ante los resultados de su gestión.

Si los partidos se erosionan y con ello se llevan las reglas de la frágil democracia, entonces los grupos políticos se debilitarán y quienes finalmente impondrán la plataforma económico y política que convenga, serán los que a través del pago de sus excesos en las campañas y despilfarros en la gestión se benefician de la torpeza de los políticos, la apatía de los electores, la pasividad del ciudadano y la irresponsabilidad de los funcionarios en gestión. Las posibilidades se reducen: ora bien los conglomerados económicos formales y establecidos; ora los capitales no formales, concentrados, internacionales, organizados, ilegítimos e ilegales.