El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín presentó ayer una iniciativa para retirar el fuero a los diputados federales y senadores con el fin de evitar privilegios e impunidad, al señalar que muchas veces esa figura constitucional ha sido utilizada como escudo para evadir la ley.

Tal como adelantó el pasado sábado en una entrevista, el legislador yucateco entregó el documento en la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y estimó que, luego de enlistarse en la agenda legislativa y se realicen los trámites correspondientes, se turne a la Cámara de Senadores para su aprobación final.

—Ya basta que la clase política se resista y se denigre a sí misma y vulnere con ello a las instituciones y a la democracia. Son tiempos en los que amerita ir hacia el fortalecimiento e incuestionabilidad del proceder de los representantes públicos. Es tiempo de blindar de la corrupción a las instituciones del Estado, acotó.

En la exposición de motivos, el también vicecoordinador de los diputados federales del PRI resaltó que la sociedad mexicana, con sobrada razón, está exigiendo a la clase política las señales de que estamos en el camino de combatir la corrupción y la impunidad entre sus diferentes actores.

—Y es la hora de que las señales que la sociedad reciba sean claras y contundentes, sin subterfugios, sin laxitud alguna, porque los tiempos lo ameritan y, ante ello, es necesaria una ostensible e indubitable posición del lado de la ley y su Estado de Derecho.

Recordó que la tradición del fuero en nuestro país, incluso desde las Cortes de Cádiz en 1812, pasando por la Constitución de Apatzingán de 1814, la del 36, la de la Reforma de 1857, la de 1917 hasta el presente, siempre ha tenido la función de proteger el cargo de un imputado en funciones de legislador/legisladora o de algún cargo público que así lo amerite.

Observó que la intención es la de otorgar inmunidad al posible imputado en protección del cargo que ostenta; del carácter representativo de su opinión, protección que se hace extensiva a la integridad del cuerpo al que pertenece.

Agregó que en los tiempos convulsos, de confrontaciones intestinas y vulnerabilidad institucional, que caracterizaron al siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX a la hora del proceso pacificador que procedió después del período armado de la Revolución Mexicana, el fuero fue una garantía de la independencia del Poder Legislativo y, por eso, es el propio cuerpo legislativo el que lleva a cabo los juicios de procedencia para, en su caso, desaforar, así como de la continuidad en el Poder Ejecutivo.

Pero inmunidad, señoras y señores –aseveró– no es sinónimo de impunidad; nunca pretendió ser así, la impunidad ha sido la perversa tergiversación que el fuero constitucional ha venido sufriendo en la medida en que la corrupción ha asentado sus fueros entre diversos agentes del proceder institucional, y se nos ha vuelto una paradoja: si era para proteger a los cuerpos legislativos, hoy, el uso que se le da, los vulnera, porque la corrupción se queda con ellos.