La delegada Diana Canto Moreno exhortó al Congreso local a culminar los trabajos para aprobar la Ley en materia de Derechos y Cultura Maya pues a dos años de presentarse el proyecto, Yucatán, a diferencia de Campeche y Quintana Roo, sigue siendo un estado donde la discriminación parece institucionalizarse cada día más,-subrayó.
Entrevistada en el marco del taller de difusión de las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que coordina la delegación,el Instituto de Equidad y Género del Estado de Yucatán (IEGY) la funcionaria subrayó que el rezago del Congreso pone a nuestro estado en un desacato legal que discrimina los fundamentos y aspiraciones del pueblo maya.
-El 11 de abril de 2007 se hicieron reformas constitucionales federales en materia indígena y se fijó un plazo de un año a los estados para que incluyan estos cambios en su marco jurídico.
-No sólo no se ha cumplido, agregó, sino que además, únicamente se estableció una “Comisión Especial de Asuntos Etnicos” cuando debería de haber una comisión permanente ya que estamos hablando de una población indígena que representa el 59.2 % de la población y 547 mil mayahablantes, de acuerdo a los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas elaborados por el INI, PNUD y Conapo en el 2002.-indicó.
-Exhortamos al Congreso para que ya se dictamine esta iniciativa y se pueda reconocer los derechos humanos del pueblo maya fundamentados no solo en la Constitución federal, sino en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Ante la coordinadora del Proyecto CDI-PNUD, Leïla Oulhaj Canto Moreno recordó que en el Capítulo IV ‘Acceso a la justicia” no sólo se debe dar la cuestión de intérpretes o traductores, también debe establecer sanciones a los abusos de poder de los alcaldes y autoridades estatales para erradicar la impunidad y violación a los derechos humanos de los mayas.
