Mérida, Yucatán, a 03 de febrero de 2012.-  La Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen que declara improcedente la denuncia de juicio político presentada por el presidente de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Jorge Manzanilla Pérez, en contra de la alcaldesa con licencia, Angélica Araujo Lara, por el tema del ambulantaje en la ciudad.

Después del análisis, se determinó que no procede por la  razón de que las conductas atribuidas a la citada servidora pública, no corresponden a las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, por lo tanto, no amerita incoar el procedimiento respectivo.

El dictamen manifiesta que desde el punto de vista jurídico y doctrinal no se aprecia que se haya puesto en peligro la subsistencia a la estabilidad del Estado o de la sociedad, que son valores que tutelan los intereses públicos fundamentales.

En conclusión, se determinó que si la conducta denunciada conlleva una responsabilidad administrativa, el Congreso del Estado no es competente para conocer de estos procedimientos sancionatorios, debido a que la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y otras leyes aplicables, claramente establecen que dichos procedimientos se siguen ante otro tipo de autoridad legalmente facultada para tal efecto, por lo que el denunciante tiene a salvo sus derechos para proceder como lo estime conveniente ante las autoridades competentes.

Durante la discusión, los diputados, José Carlos Puerto Patrón y Patricia Carvajal Remis ambos de la fracción del PAN, consideraron que, de acuerdo a su opinión, existían todas las causales para hacerle un juicio político a la alcaldesa meridana con licencia, ya que con su actuar creaba un perjuicio a un sector importante de la sociedad, como es el caso de los comerciantes pertenecientes a la Cámara de Comercio de Mérida, quienes fueron los que solicitaron el juicio político.

En respuesta, la presidenta de la Comisión, Martha Góngora Sánchez (PRI) señaló que la discusión se basaba en la procedencia de la solicitud pero jurídicamente no existía ningún agravante que esté violentado los derechos humanos, o bien, otros de las causales que establece la ley de la materia.

Observó que el denunciante tiene otras instancias a las que puede acudir, si en verdad se siente perjudicado en sus intereses, pero dejó en claro que el juicio político es de interés público y no particular.

A su vez, los diputados priistas Adolfo Calderón Sabido y Carlos Pavón Flores, señalaron que los argumentos presentados por sus homólogos panistas eran vanos y sin sustento, por lo que pidieron se ponga a votación.