Mérida, Yucatán, a 05 de junio de 2013.- El diputado Mauricio Vila Dosal presentó ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán una queja en contra del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), debido a la cancelación del servicio de pre-escolar en los Centros de Desarrollo Infantil con los que cuenta la dependencia.
Explicó que las madres de familia que solicitaron su intervención en el caso, habían acudido a las oficinas del ISSTEY a pedir información o bien a inscribir a sus hijos a pre-escolar y los encargados de la dependencia les informaron que la legislación de la institución había sido modificada y que ya no era posible la inscripción de los menores, pero hasta la fecha no se ha hecho ninguna reforma.
El legislador aseguró que esta medida tomada por autoridades del ISSTEY viola en su totalidad la Constitución Política de México y diversos tratados internacionales suscritos por la nación, asimismo fomenta la discriminación hacia el género femenino y hacia los menores que están contemplados como grupos vulnerables.
Vila Dosal agregó que también contradice el reglamento del CENDI que menciona en su artículo 4º que “los menores podrán ingresar desde la etapa de lactantes y hasta que concluyan su educación pre-escolar”.
De igual manera, dijo que incumple el artículo 20 de su reglamento en donde se mencionan tres casos en los cuales se suspendería la atención del servicio y en ninguno de ellos se incluye que estas medidas se adoptarán para reducir la deuda que se contrajo en pasadas administraciones, tal y como lo ha mencionado su director en repetidas ocasiones ante los medios.
Lamentó que la Seguridad Social como garantía de respeto a los derechos humanos está en franca debacle por parte de la institución encargada de brindarla en Yucatán, la protección de los medios de subsistencia, las prestaciones económicas y servicios sociales son una faltante diaria en el ISSTEY.
El diputado Vila Dosal recalcó que el Estado tiene la obligación de proporcionar la seguridad social a través del servicio público, que se encarga de suministrar el esquema de protección en la forma y términos que establece la ley.
Por último, informó que la CODHEY tienen dos días para notificarle al ISSTEY, la institución tiene 15 días para responder al ombudsman , de no hacerlo en ese lapso se les otorgan otros 15 días, si al término de ese plazo no hay respuesta se dan por ciertos los hechos que se le imputan.
“En caso de recibir respuesta del ISSTEY, se nos notifica y tenemos 10 días para contrareplicar, y así ya la CODHEY emitirá alguna resolución”, concluyó.
