YUCATÁN, LA PRIMERA ELECCIÓN DE 2010
Encuestitis y malestar electoral
Por Carmen Garay
Mérida, Yucatán, a 17 de mayo de 2010. -Durante mucho tiempo se atribuyó al madruguete de los partidos políticos proclamándose vencedores, la crispación ciudadana y el encono el día de la jornada electoral. Por ello la decisión de prohibir la publicación de resultados de encuestas de salida antes del cierre de casillas (Art. 237 Cofipe, Art. 174 Código electoral de Yucatán), pero una vez emitido el último voto, entonces sí, a acaparar los micrófonos para dar a conocer tendencias porque ya nada puede cambiar.
Lo anterior es una falacia, una mala broma que hoy en Yucatán nos tiene con un pésimo sabor de boca, que se suma al malestar generalizado a causa de un proceso salpicado de errores, omisiones y lo que se acumule en la semana. Apenas unos segundos después de las 5 de la tarde de ayer, con ciudadanos todavía en espera de sufragar en algunas casillas, se publicaron los resultados del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), de Liébano Sáenz, ni más ni menos que “El Particular” de Ernesto Zedillo durante todo su mandato. Así, con mayúsculas.
Efectivamente, los datos dados a conocer resultaron estratégicos para configurar una percepción mediática no de un triunfo, sino de una paliza electoral con una ventaja de 14 puntos para la candidata priísta a la Alcaldía de Mérida, Angélica Araujo. No hubo en ese preciso momento otra encuesta, así que el espacio mediático lo inundaron las cifras de GCE contratada por Milenio.
Vale la pena reflexionar qué hubiera pasado si al mismo tiempo se hubieran tenido los datos de GEA-ISA la encuestadora que suele detectar las preferencias favorables al PAN. Porque la metodología, la estructura de las preguntas y los criterios para elegir la muestra, por supuesto que influyen. Así influyen los medios en el imaginario colectivo, en este caso, no sólo de Yucatán sino del país entero que espera una señal, por mínima que sea, de cómo llegan los partidos políticos a la contienda del último bastión panista en el sureste, Mérida. El valor mediático de esta elección, huelga decirlo, era demasiado para contener la tentación de proclamar un vencedor, al menos virtual, lo antes posible.
Lamentablemente para los votantes del PAN, los datos de una simple encuesta tempranera proyectaron la imagen no triunfante sino triunfalista del PRI, que ante los reflectores, sin los datos del PREP es decir, sin el conteo oficial de votos, anuncia que “es irreversible la victoria” blandiendo las copias de actas y, por supuesto, los flamantes resultados de GCE.
Lamentablemente para los votantes del PRI, pesa ahora la sombra de la “encuestitis”. Si el margen de ventaja no es de 14 puntos, sino de 4 ó 5 tal como lo demuestra el PREP, esos sí con datos oficiales, entonces pareciera que no hubo tal triunfo y que 13 mil votos no son suficientes para fundamentar y defender la alternancia, tan saludable y renovadora para un estado democrático como el que aspiramos a fortalecer. Todos tienen derecho a probar sus capacidades, o exhibir sus incapacidades.
Lamentablemente para los ciudadanos en general, el abstencionismo fue casi del 50% y los votos nulos, de ser partido político, hubiesen quedado en tercer lugar y alcanzar hasta un escaño plurinominal, con el doble de votos que el PT que, dicho sea de paso, desbanca al PRD como tercera fuerza política, aunque parezca increíble. De tal suerte que el malestar va en aumento, ya no por lo que ocurre en la jornada electoral, sino por la oferta política en sí misma, que para 6 mil 609 ciudadanos de Mérida, no satisface sus expectativas sea por los candidatos en particular, o por la partidocracia en general.
Mientras tanto, a este proceso le falta el cómputo, la calificación, las impugnaciones a que haya lugar y que por ley pueden y deben hacer los partidos políticos ante las instancias correspondientes, así como la entrega de constancias respectivas. No es justo, sin fundamentos y pruebas, manchar una elección. No es justo, sin mayor argumento que una encuesta, pasar por alto el valor de los votos de cada ciudadano, el valor de los plazos y etapas de un proceso electoral y, en suma, el valor de la legalidad.
