Por Virginia Carrillo.
En estos días en que las reformas al Código Civil de Yucatán propuestas por el Congreso del Estado -con la presión ejercida por organizaciones de inspiración católica concentradas en la Red Pro Yucatán a partir de su “Iniciativa Ciudadana a Favor del Matrimonio y la Familia”-, significan un retroceso para las garantías individuales y los derechos de las personas en México, he recordado el libro de Carlos Monsiváis titulado El Estado laico y sus malquerientes (Universidad Autónoma de México, 2008).
¿Quiénes son los malquerientes del Estado laico en la visión del cronista de México? Monsiváis explica que se trata de grupos de derecha y ultraderecha que buscan la demolición del laicismo en la ley, que desean regresar a la forma de gobierno anterior a las Leyes de Reforma de Benito Juárez: “desde hace décadas, la derecha (que sí existe, y es cada día más ambiciosa, represiva y vociferante) se obstina por redefinir, sinónimo de hacer retroceder el Estado laico (…)” con el propósito de “instrumentar la educación religiosa en las escuelas públicas”, entre otras metas de las cuales la más importante es la instalación de la pensamiento católico en el ejercicio del gobierno y de la ley.
Signos de ello son actos simbólicos como la repartición de rosarios durante aquella sesión del Congreso estatal el pasado 15 de julio, y acciones como el impulso de las reformas afines a sus dogmas religiosos que los diputados y diputadas subordinados a estos grupos, aprobaron. Sólo una débil voz se levantó entre los legisladores para señalar que se estaba dando el visto bueno a una reforma desde la perspectiva de la intolerancia, la de la diputada Bertha Pérez Medina, ya que entre otros aspectos busca “elevar” la figura del matrimonio a rango constitucional y por la cual –entre otras consecuencias- las personas solteras en Yucatán ya no podremos adoptar hijos.
El gran logro de los liberales mexicanos del siglo XIX fue el Estado laico, que obtuvieron con la separación de la Iglesia católica para el pueblo mexicano un conjunto de instituciones y leyes, en primer término educativas, cuyo punto de partida fue la obligación de crear la educación sin tutela. Ese laicismo decimonónico fue activado por la resistencia del clero católico a la mínima pérdida de sus privilegios y las Leyes de Reforma establecidas por el presidente Juárez, dice Monsiváis, diseminaron preguntas como la que sigue y que hoy 150 años después y por increíble que parezca, tendrían que ser replanteadas: ¿es concebible un sistema valorativo social y personal que prescinda de la religión organizada?
Pero en Yucatán, desde los albores del siglo XIX, hubo luchadores sociales como los Sanjuanistas –entre los que paradójicamente estaban dos curas: Manuel Jiménez Solís, el padre Justis y Vicente María Velázquez, párroco del templo de San Juan- que se opusieron a los privilegios que el clero católico tenía sobre el pueblo, por ejemplo al pago de obvenciones de los indios mayas a la Iglesia por el único hecho de ser eso, indios. Pero al parecer esas luchas, sus logros y la evolución que propiciaron en el derecho mexicano hoy han caído en el olvido.
La ultraderecha activa en agrupaciones secretas como El Yunque en nuestro estado como en otros, por ejemplo en Jalisco, a partir de insertar a sus miembros en los gobiernos y de difundir su ideología velada o abiertamente a través de los medios de comunicación masiva –véanse programas de la televisión mexicana como La rosa de Guadalupe, Cada quién su santo o sitios en Internet como Yoinfluyo.com- están consiguiendo imponer su dominio sobre la sociedad; lo que resulta preocupante en una época en que se cree que la igualdad, la justicia, la libertad, la tolerancia y el respeto de los derechos de todas las personas se reflejan en la leyes, pero que cada vez más y con reformas como la del Código Civil de Yucatán en lugar de fortalecerse se perderán si desde la ciudadanía no protestamos por su defensa.
