México, D.F., a 11 de agosto de 2010.- El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín propuso suspender la entrada en vigor de la medida que hace obligatorio solicitar la receta médica para vender antibióticos.

Argumentó que primero hay que hacer una evaluación de esta medida que es lesiva  para el país y fundamentalmente para la población más pobre del país.  

Lo anterior, porque las autoridades de salud prevén poner en marcha esa acción a partir del próximo día 25 de agosto, y que señala los lineamientos a que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos. 

En un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, el priísta se pronunció porque el proceso de valoración y reconsideración se dé con la participación deliberativa de los colegios médicos, de los representantes de la industria farmacéutica e incluso se invite a legisladores para poder debatir sobre el tema, en virtud de que nunca se les pidió una opinión cuando se trata de un asunto prioritario, porque lo más importante es proteger a los sectores sociales más vulnerables y a los que viven en la marginación.

Por lo tanto, explicó, la medida de carácter puramente restrictivo, no corresponde a una política de salud adecuada para un país que está en crisis política, económica y social, toda vez que no han considerado que cuando se habla en política en materia  salud es una política para todos los mexicanos, subrayó. 

El vicecoordinador de la fracción priista en San Lázaro,  manifestó que el Ejecutivo Federal, en lugar de ampliar la cobertura de servicios médicos, quiere reglamentar que no se venda un antibiótico si no es por medio de receta, sin considerar que no se cuenta con la infraestructura para garantizar a los más pobres el acceso a la misma. 

Calificó a la disposición como exótica, que bien podría corresponder a la realidad de la Confederación Suiza, en donde todo funciona como relojito, pero que  es ampliamente lesiva para México, para la población más pobre del país, y se cuestionó: ¿a quién se puede dar una receta sin tener ni siquiera acceso para recibir la atención médica?  

“La población campesina no se muere por la resistencia bacteriana se muere porque no come”, estableció Ramírez Marín, quien enfatizó que la decisión y pretensión de regular la venta de dichos medicamentos plantea un reto de cálculo y planeación a la responsabilidad del Estado, en función de su propia realidad. 

Expuso que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, más de 43 millones de mexicanos, que representan más del 40 por ciento de la población total, no tienen afiliación al sistema de seguridad social. 

Además, prosiguió, el Seguro Popular no ofrece cobertura para el 60% de la población abierta, ni tiene capacidad presupuestaria para proporcionar los medicamentos, ni siquiera las recetas que exigirán las farmacias para poder venderles los antibióticos. 

Ramírez Marín destacó que desde que se liberaron los precios de los medicamentos éstos se han incrementado muy por encima de la inflación y,  por otra parte, la atención hospitalaria se ha concentrando en un duopolio que infla en cinco veces por arriba de su costo real los servicios de atención en salud privada, sin ningún control del Estado. 

Apuntó que el propósito que argumentan las autoridades gubernamentales es evitar supuestas resistencias bacterianas que la automedicación puede provocar, sin embargo, el acuerdo adoleció del análisis de impacto en términos de la complejidad de la realidad demográfica, geográfica, económica y social de nuestro país, como de las limitaciones del propio sistema de salud. 

En este sentido, resaltó que se tiene que considerar que el 50 por ciento de los médicos están concentrados en seis entidades federativas, como el  Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Nuevo León. También detalló que en el país hay 1.85 médicos por cada 1,000 habitantes, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de tres por cada mil pobladores.