Mérida, Yucatán, a 15 de febrero de 2011.- Los diputados priístas de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, rechazaron por unanimidad las cuentas de 10 ayuntamientos salientes por un presunto daño patrimonial que asciende a los 158 millones de pesos y se aprobaron las correspondientes a 15 municipios.
El dictamen señala que no se aprueba la cuenta pública de Acanceh que encabezó Víctor Mex Huchim (PRI) por presuntas anomalías que ascienden a 1.4 millones de pesos; las de Bokobá de Lina Raz Rejón (PAN) por 6.2 millones de pesos; las de Buctzotz de José Rivero Lizama (PAN) por 8.3 millones de pesos; las de Cansahcab de Paulino Ek Chan (PAN) por 1.7 millones de pesos; las de Conkal de María Elena Uicab Quijano (PAN) por 6.1 millones de pesos; las de Cuzamá de Juan Kuk Pech (PRI) por 2.7 millones de pesos; las de Dzidzantún de Miguen Zaldívar y Flores por 4.7 millones de pesos; las de Tizimín de José Luis Peniche Bates (PRI) por 41.2 millones de pesos y las de Tunkás de Juan Sulub Cabrera (PRI) por 3.4 millones de pesos.
En los anteriores casos, las posibles anomalías corresponden a semestres de 2007, 2008 y 2009.
En el caso de Mérida, las cuentas son de la administración de César Bojórquez Zapata (PAN) y pertenecen al II semestre de 2008. Las presuntas irregularidades ascenderían a 82.7 millones de pesos
Las cuentas de los Ayuntamientos antes mencionados no se aprobaron, debido a la existencia de distintas irregularidades en la aplicación de los recursos públicos ejercidos por las autoridades municipales y por cuanto existe presunción fundada de posibles daños y perjuicios al erario municipal.
Por tal razón, los legisladores de la Comisión instruyeron al Auditor Superior del Estado, para que inicie los procedimientos establecidos en los capítulos VII y VIII de la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Yucatán y finque a los responsables de las irregularidades, las sanciones y las indemnizaciones correspondientes, a fin de resarcir a las haciendas públicas municipales, el monto de los daños y perjuicios cuantificables en dinero que se hayan causado; y en su caso, ejercitar las acciones ante las autoridades competentes en materia penal.
Durante la discusión de este dictamen, los diputados de Acción Nacional Pedro Francisco Cohuó Suaste, José Enrique Collado Soberanis y Renán Alberto Barrera Concha, pedían que se retire el dictamen del municipio de Mérida, en virtud de que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán no le dio el mismo trato que a los otros municipios no aprobados.
Durante esta votación, los diputados Roberto Rodríguez Asaf y Martín Peniche Monforte, se abstuvieron de votar, en virtud de que fungían como alcaldes de Izamal y Sucilá respectivamente durante los periodos aprobados.
Se espera que en una próxima sesión del pleno de la LIX Legislatura estas cuentas sean turnadas.
