Mérida, Yucatán, a 04 de septiembre de 2013.- Una de las tareas pendientes de la actual Legislatura local es el de la fiscalización, ya que en este primer año no pasó a comisiones y menos al pleno las cuentas del gobierno anterior que encabezó Ivonne Ortega Pacheco, cuestionado por sus excesos y el desvío de recursos, advirtió el diputado Mauricio Vila Dosal.

El silencio cómplice se origina en la Auditoría Superior del Estado, que es el primer responsable de revisar en qué se gastó el dinero público, y  continúa en el Congreso, que está obligado a dictaminar y someter a aprobación las cuentas del gobierno, afirmó el legislador.

Ninguno le ha dado curso al asunto, al menos en este primer año de ejercicio de la LX Legislatura, y sólo se sabe que en la anterior se turnó parte de las cuentas de algunas dependencias, pero no se ha hecho una revisión a fondo para saber en qué se gastaron más de 140 mil millones de pesos en el quinquenio, el presupuesto más alto en la historia de Yucatán, subrayó Vila Dosal.

El diputado dijo que ese silencio cómplice se extiende a las cuentas de los municipios, muchos de ellos cuestionados también por la malversación de fondos, de manera que el saqueo a las arcas públicas  permanece impune.

El mal ejemplo cundió y hoy vemos que municipios como Tekax, con su «Ivonne del Sur»; Kanasín, Tixpéhual y Sanahcat, entre otros, no han entregado cuentas de ningún mes a la Auditoría Superior, ante la complacencia de su titular, René Márquez Arcila, apuntó.

En total, hay ocho ayuntamientos incumplidos, que no han enviado nada a la Auditoría Superior, a esos cuatro del PRI se suma uno más: Quintana Roo, pero, justo es decir que también hay tres del PAN: Huhí, Tinum y Yaxcabá, reconoció.

Hay uno del PRD y PT que tampoco anda bien que es Oxkutzcab. Así que pedimos mano dura contra todos ellos. No es posible que no rindan cuentas y se burlen de la ley, exigió.

El diputado Vila Dosal dijo que la deficiente actuación de la Auditoría Superior, cuyo portal pone en último lugar a Yucatán en materia de transparencia, no justifica los 50 millones de pesos que le cuesta a los yucatecos ese órgano técnico.

El propio Márquez Arcila declaró a principios de este año que había más de 30 demandas contra ex alcaldes por presuntos desvíos de fondos, pero todo quedó allí, no se procedió contra nadie, indicó el legislador.

Yucatán, reiteró, sigue siendo rehén de la impunidad, con ex funcionarios millonarios, por un lado, que hasta presumen de su botín y resultaron premiados con otros cargos,  y, por el otro, miles de yucatecos sumidos en la pobreza.

En este segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, anticipó que presentará una iniciativa para hacer efectiva la fiscalización de los recursos públicos en Yucatán, que establezca mecanismos y  plazos definidos para revisar las cuentas, así como sanciones para  quienes no cumplan esas disposiciones.

Se aprovechan de las lagunas legales para evitar que se fiscalicen las cuentas y con ello siguen alentando la impunidad. Es hora de acabar con el saqueo en Yucatán, subrayó el legislador.