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Congreso sospecha de encubrimiento en caso de tortura

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Congreso sospecha de encubrimiento en caso de tortura

Diputados de oposición expresaron su preocupación y sospechas de que en las investigaciones sobre el caso de tortura policiaca en Tekax no se incluya al alcalde de ese municipio, cuando es la principal autoridad y por tanto la primera persona a quien debieran, por lo menos, entrevistar la Fiscalía General y la Comisión de Derechos Humanos (Codhey).

img-11200099David Barrera Zavala, diputado local del PRD, señaló que la sospecha de que se esté tratando de proteger al alcalde José Couoh Tzec empieza desde el propio Congreso, ya que desde la instalación de la Comisión Especial por este caso se habló de pedir una reunión con el Cabildo de Tekax y ni siquiera se ha gestionado.

Los integrantes de esta Comisión Especial se reunieron ayer, como estaba previsto, con Enrique Goff Ailloud, presidente de la Codhey, para conocer el avance de las investigaciones.

Esta fue la segunda reunión de los diputados por este caso pues, como publicamos, anteayer hicieron lo mismo con el fiscal general Ariel Aldecua Kuk.

Al igual que con este último, los diputados pidieron ayer al ombudsman que emita una resolución que siente un precedente para evitar se repitan estos casos.

En un comunicado, Beatriz Zavala Peniche, del PAN, consideró inadmisible que las instituciones encargadas de impartir justicia en Yucatán aún no cuenten con instancias de peritaje para aplicar el protocolo de Estambul (manual de Naciones Unidas para tipificar la tortura y sus consecuencias, u otros procedimientos), a fin de determinar las secuelas psicológicas.

Al término de la reunión de ayer, Barrera Zavala externó su extrañeza porque tanto en la Codhey como la Fiscalía General les informaron que el alcalde no está incluido en las investigaciones, y ese fue un punto que también preguntó la diputada panista Beatriz Zavala Peniche, quien también integra la comisión.

“Por ser la principal autoridad del municipio y de quien dependen todos, incluyendo los policías municipales, consideró que el alcalde, por cierto priista, debió ser el primero al que debieron al menos citar como parte de las investigaciones, pero al parecer nadie lo ha hecho, como si quisieran protegerlo”, comentó.

El perredista añadió que ayer mismo, al preguntarle a la diputada priista Elizabeth Gamboa Solís, en su carácter de presidenta de la comisión, cuándo sería la reunión que se pidió gestionar con el Cabildo de Tekax, le respondió que no se ha solicitado.

En un comunicado, la Codhey informó que el ombudsman Goff Ailloud se reunió con los diputados y les informó de los avances de la investigación.

El escrito añade que la reunión fue en la sala de juntas de la Codhey, donde los diputados conocieron a detalle las 64 acciones realizadas por este organismo para integrar el expediente CODHEYDT24/2016 de un ciudadano de Tekax que fue presunta víctima de tortura por integrantes de la policía municipal.— David Domínguez Massa

Goff Ailloud anticipó a los legisladores que en días próximos se emitirá la resolución del caso.

En la reunión, el ombudsman dijo a los legisladores que este caso ha puesto en evidencia la fragilidad de la actuación de las autoridades policiales municipales frente al nuevo sistema de justicia penal, el cual se fundamenta en el respeto irrestricto a los derechos de las víctimas, pero también en el de los inculpados.

“Podemos señalar con toda objetividad que las policías municipales son el eslabón más débil del proceso del sistema de justicia acusatorio y oral”, precisó ante los legisladores.

También se expuso que este caso marcará una pauta para trabajar áreas de oportunidad en los 106 municipios, como la capacitación y formación de los agentes policiacos y ministeriales en el marco del nuevo sistema de justicia penal, para evitar violaciones de derechos humanos y se genere impunidad por violaciones a la legalidad y el debido proceso.

Otro punto señalado por el presidente de la Codhey como área oportunidad fue la profesionalización de los cuerpos policiacos, así como establecer un compromiso público de los alcaldes y autoridades de seguridad estatal y municipal, en la prevención de cualquier acto de tortura, trato cruel, inhumano o degradante.

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