Por Carlos M Hornelas Pineda

La Constitución política mexicana, en su artículo 35 establece que cualquier mexicano puede votar o ser votado en procesos de elección popular. Sin embargo, este mandato se ha visto acotado por los partidos políticos, autores del Código Federal de Procedimientos Electorales (COFIPE), quienes se han reservado, como canonjía especial, que aquéllos que  participen como candidatos en una contienda electoral, tienen necesariamente que emanar de algún instituto político existente, es decir, un partido político.

En últimas fechas, a propósito del proceso electoral que se avecina, amén de la llamada reforma política del presidente Calderón, diversos grupos sociales, periodistas, líderes de opinión y analistas han puesto el dedo en el renglón: el sistema político actual está rebasado, y es necesaria una renovación a fondo para salir de este anquilosamiento. Parte de la responsabilidad del marasmo político se debe a lo que se ha denominado despectivamente la “partidocracia”.

La idea de la partidocracia es un conjunto de tesis acerca del fracaso político atribuible a los partidos políticos actuales, que pueden resumirse en los siguientes puntos:

Los partidos no representan a los ciudadanos, sino a sus propios intereses, por tanto, dichos institutos son cerrados o reservados a pocos, elitistas en la selección de sus miembros o candidatos,  y autoritarios en su relación con las bases (que se supone representan).

Los partidos políticos han dado muestras de su incapacidad para gobernar y administrar porque todos han derrochado los recursos que les son asignados, además de la escalada de escándalos de corrupción y extralimitación de sus gastos en campañas.

Los partidos políticos han demostrado no aportar nada nuevo en la discusión de los temas relevantes a la nación en los últimos años. Más aún, son los principales responsables de la parálisis legislativa.

La partidos políticos son demasiados y su creciente diversidad consume recursos que podrían ocuparse en otras áreas de interés nacional. Además, su productividad es prácticamente nula y el número de los miembros representantes en el Congreso hace más difícil  el consenso, lo cual genera una pérdida de tiempo.

De lo anterior, se colige que la solución para la política no reside en los partidos, sino en el ciudadano común y corriente. Algunos hablan de democracia participativa, otros de la incorporación de la sociedad civil a la vida pública,  pero siempre convergen en la idea de hacer más estrecha la relación entre gobierno y gobernados; representantes y representados.

¿Será entonces el empoderamiento del ciudadano una opción alternativa a este estado de cosas? Una de estas posibilidades la encarnan las llamadas “candidaturas ciudadanas” que buscan escapar el trámite de contar con el visto bueno de los partidos políticos.

No obstante, hablar de “candidaturas ciudadanas” es una perogrullada, o en el mejor de los casos una imprecisión. Porque toda candidatura es por antonomasia “ciudadana”, es decir siempre se elige a ciudadanos: sean o no militantes, adherentes o simpatizantes de un partido político. En todo caso se trataría de candidaturas independientes, es decir, no ligadas a ningún instituto político: emanadas de la sociedad civil.

Esta posición, en ocasiones hasta ingenua, parte de un maniqueísmo original: los partidos por naturaleza son malos y los ciudadanos (como si los partidos se integraran por extraterrestres), buenos y puros.  

Pero, en realidad las candidaturas ¿pueden ser ciudadanas?, ¿A quién o a qué ciudadano representan los “movimientos ciudadanos”? ¿A un grupo de personas, cuáles y con qué características?¿A una ideología, credo o sindicato? ¿A quienes no caben en los partidos políticos?; ¿A quien tiene los medios y recursos suficientes para postularse por cuenta propia?; ¿Al “ciudadano promedio”, que es “todos y ninguno” a la vez? ¿Al hombre promedio?, ¿A cuál: al de la ciudad, al del campo, al analfabeto, al clasemediero, al de una minoría étnica? ¿Quién lo respaldaría? ¿A quién representa realmente? ¿Qué tipo de compromisos amarraría un “ciudadano” antes de llegar al puesto? ¿Quiénes formarían parte de su gabinete?

 En otras palabras, hablar de candidaturas ciudadanas es un término hecho para pasar por bueno y puro a quien supuestamente no tiene relación con la partidocracia. Esta supuesta relación directa con el pueblo, ¿le otorgará la experiencia política, el conocimiento de sus labores administrativas? ¿Lo hará competente: un defensor legítimo y auténtico de los intereses del pueblo? ¿Tendrá la misma oportunidad de contender contra la aceitada maquinaria que cuenta con políticos profesionales, además de todos los profesionistas de diversas ramas que integran cualquier instituto político?

He aquí algunos ejemplos de candidatos “ciudadanos”: Alberto Fujimori, en el Perú de los noventa, que acabó en la prisión por diversos delitos. Alejandro Toledo, también peruano, en el primer lustro de este siglo, que terminó en medio de una crisis de gobernabilidad, corrupción y nepotismo. Ross Perot en Estados Unidos en 1992 y 1996 respectivamente, quien proponía que el ejército se hiciera cargo de la protección de los ciudadanos, dado que las instancias de seguridad tradicionales ya habían sido rebasadas por la delincuencia ¿suena un argumento conocido?  Sebastián Piñera en Chile, empresario dueño de medios de comunicación y de equipos de Futbol ¿se imagina si se postulara Emilio Azcárraga o Carlos Slim?

¿Será que también los llamados “movimientos ciudadanos” representan intereses de sus miembros o afiliados como los partidos políticos; por ejemplo, la Asamblea Nacional Ciudadana que se nutrió con miembros del movimiento anulista?

E incluso hay que ver cómo ciertos organismos autonombrados “ciudadanos” finalmente son integrados por personas que no tienen empacho en hacer saber que como funcionarios tienen interés en ingresar a la militancia de un partido político comprometiendo así la garantía de equidad y certeza jurídica depositada en ellos, generando con ello un clima de crispación, sospecha y descalificación de la tarea de toda una institución. ¿Estamos preparados para una democracia sin partidos políticos?