Por Carmen Garay
Una escaramuza legislativa por excelencia en nuestro país es, sin duda, la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para la Federación. Un despliegue, casi alarde, del más “sofisticado y profesional” ejercicio parlamentario que en tiempo récord, y de madrugada para no variar, pone y quita etiquetas al dinero que, sin tenerlo todavía, se planea gastar el año que entra.
Y, aunque el proceso a seguir en este caso sólo es atribución de los Diputados, se hacen presentes las mismas mañas que cuando se involucran los senadores: las presiones y chantajes de partidos políticos, grandes empresarios y por supuesto los cabilderos del Ejecutivo Federal que cambian de un momento a otro el destino manifiesto de miles de millones de pesos (el destino final, suele ser otra cosa muy distinta y menos consensuada).
Pero a la hora de votar en la Cámara Baja, no son los casi 200 mil habitantes en el distrito de cada diputado federal los que cuentan, los que importan, sino los grupos de élite ya mencionados y, más aún, los gobernadores que palomearon y palmearon a cada candidato que, cual cisne, ahora ocupa su curul. El peso de las fracciones no sólo reside en la cantidad de legisladores, la priísta por cierto con casi la mitad de los escaños, sino en la posición estratégica de minorías al momento de votar para inclinar la balanza a cambio de prebendas.
En este caso, la presión se agudiza si consideramos que 24 de 32 entidades las gobierna un partido distinto al PAN, incluyendo por supuesto lo que se ha denominado el “sindicato priísta” de 19 gobernadores, que ya operaron para canjear en la Ley de Ingresos el 2% generalizado que proponía el Gobierno Federal, por el IVA de 16%, que se traduce en participaciones federales para cada estado.
Y, aunque los diputados se desvelan –o se duermen- en la sesión del 14 al 15 de noviembre con las horas legislativas que se requieran, ya existen presupuestos básicos que es importante mencionar: las reglas de operación para gastar los poco más de 3 billones de pesos son tan relativas, tan contingentes y discrecionales, que bien vale la pena instar una y otra vez al legislativo para que empiece por ordenar y contener semejante desorden.
Las ampliaciones, reducciones, transferencias y componendas en cada Programa Operativo Anual, de cada Unidad Administrativa, de cada Secretaría de Estado o gobierno estatal, para cada capítulo y para cada partida de dinero -aderezados con desastres naturales, caída del precio de referencia del petróleo, pandemias o catarritos financieros-, son la causa de ejercicios presupuestales caóticos, imprecisos y alejados de la pretenciosa administración de recursos que en la práctica se vale de resquicios de ley para mantener, paradójicamente, la opacidad en medio del dispendio en público del dinero igualmente público.
Asimismo, el año próximo se realizarán elecciones en 13 estados de la república –de los cuales 11 elegirán gobernador-, por lo que el incremento para gasto social y las aportaciones consabidas son un hecho, así como los candados reforzados para tales ejercicios, vía delegaciones federales. Un país pintado de PRI con pinceladas de PRD obliga al control por esa vía, amén de los decretos y golpes de timón que pudiese lanzar el presidente Calderón para “rebasar por la derecha.”
Finalmente, acerca del presupuesto vale la pena recordar que una y otra vez, el gobierno federal ha dicho que su proyecto era austero. En otras palabras, las de la Real Academia Española por cierto, el PEF es “retirado, mortificado y penitente.” ¿Todo se parecerá a su dueño? ¿Tendrá el PEF paternidad responsable o será tan huérfano como la Ley de Ingresos?
