La senadora panista Beatriz Zavala Peniche pidió que, ante la coyuntura electoral de este año, las autoridades de los tres niveles de gobierno extremen la aplicación de las medidas legales vigentes, para blindar y proteger los programas sociales cuyas reglas de operación permiten la participación de los gobiernos estatales y municipales.

 “Se exhorta a los gobiernos estatal y municipal a que, en la promoción de los programas sociales que aplican en coparticipación con la federación, den a conocer ésta y a que sujeten la operación de estos programas a la normatividad vigente”, estableció la legisladora por Yucatán.

La legisladora, también integrante de la Comisión de Desarrollo Social, afirmó que su planteamiento pretende lograr que los tres niveles de gobierno blinden los programas sociales que a nivel federal, estatal y municipal tienen como objetivo reducir la pobreza y la desigualdad.

 Apuntó que en los últimos años el gobierno federal ha llevado a cabo diversos programas de blindaje electoral del gasto social; sin embargo, matizó, la legislación federal y las medidas de blindaje han sido insuficientes en la coordinación con los niveles estatal y municipal, para evitar el uso de los programas sociales en el condicionamiento y coacción del voto.

 “Para evitar que los programas gubernamentales sean utilizados con fines políticos, el IFE y la Sedesol firmaron, el 10 de diciembre de 2008, un convenio para capacitar al personal de la Sedesol, en la normatividad que rige a los programas y propaganda gubernamentales durante el periodo electoral.

 “Me interesa señalar que aunque ha habido avances sustanciales en el blindaje de los programas sociales para impedir su uso electoral, como señala el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, todavía quedan reminiscencias del pasado en distintos órdenes de gobierno”, estimó.

 Zavala Peniche refirió que uno de estos vacíos legales es la inexistencia de legislación para que los gobiernos municipales y estatales se obliguen a reconocer la naturaleza federal de los recursos de programas sociales que operan, promocionándolos políticamente a su favor como si fueran sólo de su jurisdicción.

 “Con esta ausencia de reglamentación pueden argumentar que no se suspenda la ejecución de un programa en los procesos electorales locales y federales, violando de esta manera la legislación constitucional y el Cofipe».

 “Para avanzar en la transparencia en el manejo de los recursos públicos y en la equidad electoral es importante legislar para que los gobiernos estatales y municipales reconozcan que algunos de los programas sociales que aplican son en coparticipación con la federación”, agregó la senadora senadora de Acción Nacional.