José Enrique Goff Ailloud, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), opinó ayer que debido a la pobreza extrema en que viven, las propias chiapanecas que venden en las calles de Mérida no se perciben como víctimas de trata de personas, porque se sienten mucho mejor vendiendo aquí, además de que pueden enviar dinero a sus familiares.

“Es una forma de trata moderna, donde la víctima no se siente agredida por esta situación”, manifestó.

Entrevistado en el marco de la presentación de la estrategia “Por un Yucatán libre de abuso sexual infantil”, que promueven la agrupación civil “Lazo para María” con la colaboración de la Codhey, así como de otros organismos oficiales y sociales, el ombudsman yucateco informó que ya se presentó una denuncia por trata de personas ante la PGR por el caso de las chiapanecas.

A pesar de que la PGR no aceptó la denuncia, precisó, la Codhey insistirá para que de una vez se configure el delito de trata por el asunto de las chiapanecas.

En relación con el supuesto maltrato del Ayuntamiento meridano, al decomisar los productos que esas mujeres venden, el ombudsman dijo que se trata de un tema de legalidad y comercio formal, por lo que la invitación sería a que las chiapanecas se registren y operen en el comercio establecido, a fin de que no haya una competencia desleal, y que se aplique un protocolo de actuación con apego respeto a la dignidad y los derechos humanos.

Como informamos ayer, de acuerdo con un análisis y valoración que realizó la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento sobre el creciente fenómeno de las chiapanecas en la ciudad, los informes indican que “existen patrones de una organización que respalda a las vendedoras indígenas”.

Según el análisis, hay intervención de terceras personas que fomentan la venta callejera: hay personas que las trasladan de sus comunidades de Chiapas a Mérida, les consiguen hospedaje y en horarios específicos las abastecen de productos artesanales en esta ciudad.