Por Eduardo Lliteras Sentíes.
Con vaguedades. Con generalidades. Con promesas difusas. Así, lejos de la realidad, pero muy lejos de la cotidianidad de la ciudadanía, suenan las llamadas “propuestas” (en lugar de programas de gobierno, como si se tratara de ir al cine o a comer un helado) de los candidatos y candidatas. Lejanas y ajenas a la penosa realidad del peón, del campesino, del obrero, del trabajador, de las madres solteras, estudiantes, desempleados y hambrientos de este país, los que son convocados a votar en julio próximo para sancionar el mismo orden establecido, con sólo cambios cosméticos o de peinado a un statu quo que en el presente sexenio arroja más de 15 millones de pobres nuevos. Ni quien mencione a la política económica, la que se mantendrá cual grillete en el cuello de los mexicanos. Esa política económica, neoliberal, dictada por el Fondo Monetario Internacional y sus pensadores afines en el Banco de México y en Hacienda, para los que el manejo macroeconómico de México es de campeonato (medallas, por favor, aplausos y fanfarrias). Pero basta bajarse al nivel de la calle, del pueblo, para ver la mísera realidad del ciudadano común al que quieren seguir engañando con que la salida a la pobreza y desigualdad está en la apropiación de todos los bienes de la nación por parte de las trasnacionales: del campo al petróleo, de las semillas de la Monsanto a los pozos profundos de la Exxon. Basta caminar por las calles de nuestras ciudades, de Mérida, para ver la apabullante hambre. Un ejemplo de esa aplastante desigualdad y discriminación, la que se expresa también en el funcionamiento faccioso y corrupto del aparato de justicia, es el de Miguel Ángel Che Ortiz, atropellado y asesinado el pasado 26 de marzo en la calle 125 de la colonia San José Tecoh.
En efecto. Asesinado, porque el joven trabajador, herrero de 19 años, fue rematado por la unidad C 119 (placas 800-598Y) conducida por Benito Novelo Dzib, quien además de no respetar el alto reglamentario y obligatorio, tras embestirlo, dio marcha atrás a la unidad del transporte público para acabar con la vida del joven ciclista.
Lo peor, es la actitud de la aseguradora Qualitas, la que se niega a pagar la mísera suma de 100 mil pesos a la familia. En el absurdo, la empresa pagó más de un millón de pesos como multa para poder sacar de prisión al conductor del autobús. Un 10 % de lo ofrecido a las víctimas. Es una auténtica burla.
Esa es nuestra justicia. A la familia, vejaciones, humillación en los medios, dilación en la aplicación de justicia o cancelación de ésta. Presiones de toda índole. Manipulación de la escena del delito por parte de las patrullas de la SSP que ese día acudieron al lugar. Engaños de los abogados corruptos asignados al caso. Presiones del Ministerio Público a favor de la poderosa empresa del transporte que goza de todos los privilegios en el estado.
A su vez, en la pobreza de San José Tecoh, entre las paredes de un hogar de mampostería gris, una madre espera tendida en su lecho, con la congoja de saber que su hijo fue muerto y que la justicia se ceba en los más pobres. Que en este país para obtener ese derecho básico, el de la igualdad ante la justicia, hay que tener dinero e influencias.
Hablé con la familia de Miguel Ángel. Tenían dificultades para acudir hasta la Fiscalía para recoger las pertenencias de su hermano. Su bicicleta. La insensibilidad de la autoridad, evidente.
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