La derrota de las voluntades, es el arte de la política dice Blas Malo en un diálogo durante el sitio de Bizancio por las tropas árabes dirigidas por Sulaimán. Y una de las formas de doblegar las voluntades es a través de la obtención de información personal o profesional, con la que golpear a opositores y críticos para desprestigiarlos. Chantajearlos o destruirlos públicamente.
Bajo la presión de la opinión pública nacional e internacional, de organismos de la sociedad civil nacional e internacional, la Procuraduría General de la República y la FEADLE (Fiscalía Especializada en la Defensa de la Libertad de Expresión) anunció una “investigación” sobre las revelaciones del espionaje llevado a cabo contra periodistas, activistas, abogados y defensores de los derechos humanos en México.
Como se recordará, en Infolliteras.com y La Jornada Maya dimos la primicia sobre el espionaje practicado por el gobierno del Estado de Yucatán a través del malware vendido por la empresa italiana Hacking Team con sede en Milán –adonde viajaron funcionarios yucatecos en numerosas ocasiones con el apoyo de la cónsul en Milán y ex procuradora de la PGR, Marisela Morales-.
En efecto. Tras el robo de cientos de miles de correos electrónicos de Hacking Team por hackers y su posterior publicación en una base de datos en Wikileaks a la que tuvimos acceso –traduciendo correos electrónicos en inglés e italiano y francés y armando un complejo rompecabezas de mensajes- otros medios en Yucatán y en el país replicaron la información sobre las evidencias concretas de la adquisición del programa Galileo por parte del Ejecutivo yucateco. El rompecabezas estaba constituido por centenares de correos electrónicos en los que se daban fechas, costos, lugares y nombres de personal de Hacking Team que había viajado a Yucatán y Mérida para la negociación e instalación de los equipos. Detalles de las complejas negociaciones con el gobierno de Yucatán y de los pagos acordados aparen en los mensajes.
Ya se sabía, lo habíamos dicho, que utilizando Pegasus o Galileo, los periodistas y activistas en México son espiados, incluidos sus familiares, parejas a través de teléfonos móviles y computadoras, por no hablar de televisores e inclusive autos a través de dispositivos Bluetooth. La intención, obtener información útil para doblegar a los críticos.
El escándalo se volvió a destapar tras la publicación de un reportaje del New York Times en el que señala que al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí (NSO Group) que utiliza el software conocido como Pegasus a través del cual se han infectado o intentado infectar dispositivos electrónicos de periodistas como Carmen Aristegui o abogados y activistas. El diario estadounidense realizó una investigación de decenas de mensajes llevada a cabo por analistas forenses independientes. Pero ni el gobierno federal ni el gobierno yucateco no han dado una explicación creíble al respecto. Por el contrario, el presidente salió a amenazar primero, desdiciéndose después de forma confusa, asegurando que su gobierno es “democrático” y que “no espía a nadie” –porque él lo dice- y que la PGR indagará (igual que con el capítulo del ácido en calles de Mérida) exonerando de antemano a su gobierno y calificando de falsas las acusaciones sin mediar investigación de por medio.
El diario estadounidense puntualizaba que si bien no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable, sí se han encontrado rastros de la presencia del uso del malware Pegasus en celulares de periodistas y activistas. Y dicha tecnología únicamente se vende a gobiernos como es el caso de Hacking Team, el que inclusive está bajo supervisión del gobierno italiano para que no caiga en manos de grupos criminales o terroristas.
