Mérida, Yucatán, a 30 de agosto de 2011.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) reportó en su Informe Anual de Actividades, que comprende el periodo del primero de julio de 2010 a 30 de junio de 2011, un total de 25 Recomendaciones emitidas a 30 diferentes autoridades, así como 451 quejas, de las cuales, el 90.7 por ciento fueron calificadas como presunta violación a los Derechos Humanos.

Ante el Pleno del Congreso del Estado, el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, informó que de las 451 quejas, 409 fueron calificadas inmediatamente como presuntas violaciones a Derechos Humanos, es decir, el 90.7 por ciento de las quejas ciudadanas. En este período, se emitieron 25 Recomendaciones, dirigidas a un total de 30 autoridades, de las cuales fueron aceptadas 16, no fueron aceptadas 10 y 4 están en término.

La Fiscalía General del Estado no aceptó 4 de las 12 Recomendaciones emitidas; la Secretaría de Seguridad Pública no aceptó 5 de las 9 emitidas; y la Secretaría de Educación aceptó las tres Recomendaciones emitidas. Fueron programadas un total de 114 audiencias de conciliación, lo que permitió solucionar por esta ágil vía 60 quejas con 21 diferentes autoridades, todas ellas cuando no se referían a asuntos graves como lesiones o situaciones que pongan en riesgo la integridad del ciudadano. Dentro de los procedimientos de quejas se dictaron en el periodo que se informa 71 medidas cautelares a un total de 18 autoridades, de las cuales 36 fueron aceptadas.

La mayoría de esas medidas, que tienden a proteger de manera inmediata la vida y la integridad de las personas, fueron giradas a la Secretaría de Educación del Estado, de las 20 aceptó 19; a la SSP se le dictaron 17 y aceptó 2; la Fiscalía General del Estado de 13 y aceptó 2; el Centro de Reinserción del Estado recibió y aceptó 3; al Ayuntamiento de Mérida le dictaron dos, las cuales fueron aceptadas. Servicios de Salud de Yucatán recibió un total de 2 medidas, de las cuales aceptó 1; la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado recibió una medida cautelar, la cual no aceptó; la Policía Municipal de Mérida recibió y aceptó una, al igual que el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas a Adolecentes. Se interpuso ante la Fiscalía General del Estado un total de 53 denuncias penales al desprenderse de la presentación de las quejas o el desarrollo de sus investigaciones la presunción de la comisión de algún ilícito.

En el periodo que se informa, se presentaron 451 quejas de las cuales se desprende un total de mil 288 hechos violatorios de Derechos Humanos, es preciso mencionar que una queja puede comprender más de un hecho violatorio.

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos Humanos de la ciudadanía, se iniciaron 4 quejas de oficio.

Los hechos violatorios más recurrentes son: prestación indebida del servicio público, con 238 casos; detención arbitraria, 222; lesiones, 152; allanamiento de morada, 78; violación al derecho a la integridad y seguridad personal, 75; amenazas, 67; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 52; violaciones al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, 42; violaciones a los derechos de los niños, 39; ejercicio indebido de la función pública, 39; robo, 34; violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad, 32; retención ilegal, 30; intimidación, 27; incomunicación, 22; entre otras.

Los quejosos señalaron 496 veces a diversas autoridades como responsables de violaciones a Derechos Humanos, cabe mencionar que en una queja puede haber más de una autoridad involucrada.

Las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública con 188; la Fiscalía General Justicia del Estado, 102, ; Secretaría de Educación, 41; Ayuntamiento de Progreso, 13; Ayuntamiento de Kanasín, 11; Servicios de Salud de Yucatán,11; Ayuntamiento de Peto, 9; Tekax, 9; Oxkutzcab, 7; Policía Municipal de Mérida,6 ; entre otras.

Durante el periodo que se informa, se realizaron un total de 4 mil 25 diligencias con los quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió, en el turno nocturno, un total de 200 llamadas telefónicas de los ciudadanos que, durante ese horario, requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica.