El Congreso del Estado aprobó ayer en comisiones las reformas a la Ley de Transporte que regula a las empresas de transporte que prestan el servicio mediante una aplicación tecnológica como Uber y otras.

La Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura sesionó ayer y por mayoría de votos de los diputados del PRI y del PVEM aprobaron el dictamen apenas con algunos cambios a la propuesta original enviada por el Ejecutivo del Estado. La sesión contó con la presencia de los directivos de Uber México. Los diputados del PAN y de MORENA votaron en contra del dictamen, luego de solicitar que se continuara con el análisis y de reclamar que sus propuestas no se tomaron en cuenta.

El presidente de la Comisión, Enrique Febles Bauzá (PVEM), sometió la propuesta a consideración y fue aprobada por mayoría, con 4 votos a favor y 3 en contra.

De acuerdo con el documento aprobado que hoy pasará al Pleno para ser discutido y aprobado, en su caso, las empresas como Uber y otras que presten servicio mediante una aplicación tecnológica deberán contar con una constancia o permiso otorgado por el Ejecutivo del Estado que tendrá vigencia de 10 años y, para ello, deberá de cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

Además, las empresas sólo podrán hacer el cobro de servicios mediante tarjeta de crédito o débito. Los autos deberán contar con seguro para pasajeros y de daños a terceros.

Los vehículos que presten el servicio deberán contar con un certificado para operar y que otorgará la Dirección Estatal de Transporte, el cual tendrá un año de vigencia y se renovará anualmente, entre los requisitos con que deberán cumplir los operadores está que deben ser mayores de edad, residir en Yucatán, no tener en su contra alguna sentencia firme por delito doloso, tener RFC y licencia de conducir vigente, además de estar registrado en la empresa que preste servicio mediante la aplicación tecnológica.

Uno de los puntos establecidos en el dictamen y que generó ayer mayor discusión es que los prestadores de este servicio de transporte deben ser propietarios del vehículo, los cuales no deben costar menos de 200 mil pesos y el modelo no debe ser anterior a 7 años. Deben tener un mínimo de 4 puertas.

Estos son puntos que se cambiaron al dictamen original, el cual proponía que los vehículos fueran con un costo de más de 300 mil pesos y con una antigüedad no menor a 5 años.

En el dictamen se establece también que la Dirección de Transporte será la instancia que determinará el número de unidades que pueden operar en cada empresa, aunque en este punto no se especificaron cuáles serán los criterios para ello.

En la discusión del dictamen, el diputado Marco Vela Reyes (PRI) destacó que la elaboración del mismo se hizo con base en las dos iniciativas presentadas, por parte del Ejecutivo y por parte del PAN, las que en conjunto —dijo— tenían la esencia de reconocer y sentar las bases para el desarrollo eficiente de una nueva modalidad de transporte público mediante plataformas tecnológicas.

Indicó que el dictamen aprobado de reformas a la Ley de Transporte busca un desarrollo eficiente del servicio y sobre todo que sea el Estado el que tenga la rectoría del mismo, además de que se fomente la sana competencia y se preserve la seguridad en la Entidad.

Ante las críticas, principalmente de los panistas, de que se busca desincentivar la actividad, expuso que no se trata de eso ni de hacer prohibiciones, simplemente de que se regule y el servicio que se preste sea apegado a la legalidad y “que el Estado mantenga su rectoría” en el tema del transporte.

Dijo que no hay limitación en el número de vehículos, que fue otro de los temas de discusión, sino que se establece que será la Dirección de Transporte la que determinará el número con base en las necesidades.

Además, en el tema de que los prestadores de servicio tendrán que ser dueños de los autos, dijo que obedece a que se quiere evitar que haya “unos cuantos que compren muchos autos y los pongan a trabajar”.

Los diputados del PAN, Manuel Díaz Suárez y Ramiro Moisés Rodríguez Briceño, integrantes de la comisión, así como Beatriz Zavala Peniche y Elías Lixa Abimerhi, señalaron que hay ambigüedades en el dictamen y rechazaron temas como que el conductor tenga que ser propietario del vehículo, lo que limitará y hará que el servicio ya no sea eficiente.

Lamentaron, desde su visión, que no se haya conocido previamente el dictamen e incluso acusaron de que se estaba aprobando “fast track”, por lo que insistieron en que no se votara y se continuara con el análisis.

El diputado David Barrera Zavala (PRD) consideró que las modificaciones aprobadas no tienen un carácter prohibitivo, sino que buscan regular esta nueva modalidad de transporte. Dijo que las propuestas de este partido sí fueron tomadas en cuenta, en cuanto al precio del vehículo y la antigüedad del mismo.

En cuanto al tema del impuesto del 10 por ciento del que también se ha hablado y que ayer los panistas sacaron a colación, el diputado del PRD dijo que “eso es harina de otro costal” y que en su momento se analizará en la comisión respectiva.

Consideró importante que se cuente con un padrón de quienes prestarán el servicio, lo mismo que señaló el diputado del Panal, Marbellino Burgos Narváez, así como que no se pretende inhibir el desarrollo de la actividad, sino establecer criterios que le den más seguridad y certeza a quienes usen el servicio.

La sesión de ayer llamó la atención porque la sala se llenó de empleados del Congreso del Estado, pues había secretarias, asistentes de los diputados, secretarios técnicos y otros, los que al parecer fueron llevados por el temor de que llegaran trabajadores de Uber, aunque al final sólo estuvieron en la sesión el presidente de Uber México, Francisco Sordo Mogolló, y dos directivos más.

Los reporteros se llevaron la sorpresa de que la sala estaba llena por los empleados que se echaron más de dos horas de pie. Incluso los legisladores se mostraron sorprendidos, tanto que Beatriz Zavala Peniche y Elías Lixa Abimerhi les dieron la bienvenida.