Mérida, Yucatán, a 18 de marzo de 2010.- Con miras a la implementación del sistema acusatorio penal,  una delegación de juristas canadienses visita el país para conocer los avances legislativos.

Yucatán ya turnó una iniciativa al Congreso para reformar la Constitución, lo que generará la actualización y creación de 17 leyes¸ la implementación de la oralidad, el establecimiento de sanciones administrativas para delitos menores en lugar de la prisión y el rediseño de las instituciones jurídicas.

En una reunión que se llevó a efecto la sala de juntas de la Procuraduría General de Justicia del Estado PGEY, el procurador, Héctor Cabrera Rivero, recibió al grupo encabezado por el director general de programas internacionales de Justicia de Canadá, Mark L. Berlin, Patricia Dunberry, Joanne Dompierre, Kimberley Melnyk-Smith y Nancy Irving, quienes mostraron interés por concretar entre ambos países una modernización legislativa.

Esta medida permitirá  a ese organismo brindar asesoría a sus homólogos mexicanos en materia de capacitación para jueces, defensores, policías y el capital humano que tendrán a su cargo la nueva forma de resolver conflictos, que se aplica desde hace varios  años en ese país y cuyo esquema  comenzará a aplicarse en Yucatán a partir mayo de 2011.

Entre los avances se encuentran: la entrada en vigor de la Ley de Mecanismos Alternativos, la entrega de la iniciativa al Poder Legislativo para reformar 43 artículos de la Constitución con miras a la reforma penal y el convenio con 15 instituciones que imparten el derecho para comenzar a interiorizar a las futuras generaciones sobre el sistema oral, lo que dejaría atrás el sistema penal escrito.

Durante la reunión con el procurador, abordaron entre otros temas la armonización entre los códigos estatales y  las penas máximas que se dan en el país, indicando el procurador que en Yucatán al igual que en Campeche la pena máxima es de 40 años por el delito más penalizado que es el homicidio.

Asimismo, Cabrera Rivero mencionó que la sanción máxima en México es hasta de 70 años cuando se trata de secuestros y homicidios, pero estos delitos están dentro del Código Penal Federal, y que las sanciones a nivel local son dependiendo del delito cometido, debido a que en cada Estado las penas pueden variar, así como el nombre que se le da a cada delito.

Al referirse a las Reformas realizadas en materia de Justicia presentadas ante el Congreso del Estado, dijo que se prevé que en 2011 la PGEY se convierta en una Fiscalía General, en donde los policías preventivos fungirán como fiscales dándole seguimiento de principio a fin a los delitos que se cometan.

Señaló que será en el año 2011 cuando finalmente entrarán en vigor estos acuerdos para la creación de Departamentos Judiciales Preventivos Especializados, siendo Yucatán el segundo Estado del país que está a la vanguardia en procedimientos en el sistema penal y judicial, ya que el primero fue Coahuila.

El procurador mencionó que Colombia es uno de los Países en donde la Justicia maneja sus Procuradurías como Fiscalías, en donde los Policías Ministeriales llevan las acusaciones desde el principio hasta el final del proceso legal, y que de ese País se ha recibido mucho apoyo en cuanto a entrenamientos y cursos de capacitación para el personal de la PGJE.

En la actualidad, en el Estado de Yucatán existen tres mil policías preventivos estatales más los municipales (106 municipios), con lo que se calculan alrededor de seis mil elementos policíacos, y en cuanto a agentes ministeriales manifestó que actualmente hay en función 300 elementos judiciales y 34 fiscales en todo el Estado.

Uno de los temas más importantes manifestados por los funcionarios canadienses, fue la realización de una Política Nacional Anticorrupción, en donde dijeron haber trabajado ya con países como Ucrania, Bangladesh y Sudán en donde se implementan acciones precisas al respecto y de acuerdo a las necesidades de cada país.