En Iberoamérica, donde el desarrollo democrático coincide con la necesidad de un urgente y acelerado progreso económico, la justicia constitucional está llamada a ser protagonista de los grandes asuntos nacionales, por encima de coyunturas o intereses pasajeros o de facción, afirmó la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

Al clausurar la VII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, la titular del Poder Ejecutivo yucateco aseguró que hoy en día la transición democrática, la estabilidad y modernización económica y la convivencia pacífica y cívica de ideologías y proyectos de nación, son inconcebibles sin este tipo de justicia.

Por eso, agregó, sólo tribunales y cortes constitucionales verdaderamente involucradas en el acontecer de un país, podrán cumplir a plenitud su papel de garantes del equilibrio político e institucional; sólo desde la justicia constitucional se podrá proteger a un país de reformas improvisadas que vulneren el interés y espíritu del desarrollo nacional.

En presencia del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, Ortega Pacheco indicó que en Yucatán le apostamos a tribunales constitucionales que siempre coloquen por encima del inmediatismo y el partidismo, “y mantengan a la nación cerca y en la verdadera ruta de su Constitución”.

Porque es en la sentencia constitucional, donde se puede orientar a todo un pueblo en la consecución de los fines más importantes de equidad, justicia, seguridad y prosperidad, finalizó la mandataria.

Durante el evento se presentó un informe de las conclusiones y la Declaración Final de este foro, en el que participaron integrantes de 22 Tribunales Constitucionales de igual número de países latinoamericanos y cerca de 50 observadores de Europa, Asia y África.

Al hacer uso de la palabra, Medina Mora señaló que el juicio de amparo y la controversia constitucional son dos de los instrumentos en México que regulan el equilibrio y respeto entre Poderes, así como ayudan a preservar el sistema de gobierno mexicano.

La existencia del Estado sólo tiene sentido si se hacen valer las leyes a través de los mecanismos que la Ley les otorga, expuso.

El titular de la PGR resaltó la importancia de estrechar lazos de cooperación en materia de justicia constitucional entre los países de Iberoamérica, al tiempo que reiteró la voluntad de cooperación del gobierno mexicano para la correcta aplicación de la Ley.

En su turno, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, apuntó que hoy en día los sistemas democráticos dependen en forma fundamental de órganos imparciales e independientes que ejercen un control constitucional de carácter jurisdiccional, “y corresponde a los tribunales constitucionales dar vigencia a nuestras cartas fundamentales bajo claro métodos interpretativos y argumentativos”.

“Nuestro trabajo y en buena medida, nuestra legitimidad, requiere de que nuestras interpretaciones y argumentaciones sean debidamente conocidas por la ciudadanía y hemos de aspirar a que algún día sean cabalmente comprendidas, aunque sabemos que no necesariamente compartidas por todo”, puntualizó.

El magistrado del alto tribunal mexicano precisó que el papel de los tribunales constitucionales va más allá de dar resoluciones completas, prontas y debidamente fundadas y motivadas a los asuntos que nos plantean, ya que incluye una labor persuasiva de nuestras resoluciones, para que además de que se entienda los que resolvemos, también se comprenda el por qué.