Mérida, Yucatán, a19 de abril de 2010.- Mediante la evaluación de situaciones reales aplicadas al proceso de mediación, desde el margen de la justicia penal restaurativa, se analizará el impacto en las partes en el conflicto criminal, con el fin, de familiarizar al participante con este nuevo paradigma a través de la práctica real.

Bajo esa temática inició el curso denominado “Laboratorio de Prácticas de Justicia Restaurativa y Mediación” que se impartirá del 19 al 23 del presente a 24 servidores públicos pertenecientes a distintas áreas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGEY).

La instrucción tiene lugar en el auditorio “Profesor Ernesto Abreu Gómez” y está a cargo de Jorge Gonzalo Arvizu Navarrete, perteneciente al Instituto de Mediación de México, especialista y ponente del curso, quien estuvo acompañando en el presidium por el procurador, Héctor Cabrera Rivero, y a la maestra Silvia Sallard López, representante del Instituto de Mediación de México.

En su discurso, el procurador mencionó que en cumplimiento a la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de Yucatán, en sus artículos 29 y 30; la institución tiene la obligación de contar con un Centro Público de Solución de Controversias, lo que representa un avance realizado en materia de la Reforma de Justicia Penal.

A la PGJEY le compete que los responsables de haber cometido algún delito sean sancionados; sin embargo, advertimos que la reparación del daño es de vital importancia, señaló.

Asimismo, enfatizó que lo que se propone con la mediación, es llegar a un proceso restaurativo que conduzca a la conciliación de las partes involucradas y que a su vez, restaure la afectación que sin duda produce el delito, esto siempre, dentro de un marco de estricto respeto a los derechos humanos.

La no intervención de la justicia penal o la intervención mínima de ésta, permite reformular programas de política criminal a fin de que el victimario asuma la responsabilidad de resarcir materialmente un daño y la víctima, la obtención lo más inmediatamente posible de ese resarcimiento, haciéndola partícipe de la solución del conflicto o controversia, a través del diálogo y la negociación de acuerdos voluntarios y mutuamente aceptables.