Mérida, Yucatán, a 20 de julio de 2012.- Alvar Iván Rubio Rodríguez, energúmeno que ha golpeado y agredido a mujeres de la comisaría de Oncán y a periodistas, rehúye de enfrentar a la justicia federal por la demanda interpuesta en su contra ante la Procuraduría General de la República, radicada bajo el número de averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-I/203/2012, por ataques bajo los influjos del alcohol y sustancias prohibidas, a un representante de los medios de comunicación, daños en propiedad ajena, amenaza de muerte y lo que resulte.
De acuerdo al expediente, el “ejemplar” representante del Sindicato del Sector Salud Sección 67, alcoholizado y al parecer drogado, arremetió contra el periodista Jaime Vargas, el pasado 4 de julio a las puertas del Consejo Distrital 06 con sede en la colonia Héctor Victoria Aguilar del municipio de Kanasín, cuando acudió junto con parte de equipo de gamberros, en busca de la constancia de mayoría que lo acreditara como diputado electo, puesto de elección popular al que había contendido durante las campañas políticas.
Derivado de las primeras indagatorias, el sujeto se ha negado dar la cara a los representantes de la justicia federal, quienes lo han visitado en su domicilio que se ubica en el fraccionamiento San Carlos, al norte de la ciudad capital, ordenando al servicio doméstico negar su presencia y pidiéndole que omitan proporcionar dato alguno que los conduzca a su paradero, aunque el representante del PRI ha anunciado públicamente que iniciará un recorrido por el distrito para agradecer a los electores que lo apoyaron.
Cabe señalar que agentes federales han iniciado la indagatoria del caso a fin de buscar elementos que confirmen los hechos relatados en la denuncia penal arriba señalada, sin que hasta el momento logren la ubicación del presunto desequilibrado mental que a mansalva arremetió contra las indefensas mujeres y contra el comunicador.
Hay que precisar que Rubio Rodríguez también enfrenta sendas denuncias penales en el ámbito del fuero común, donde se espera que la autoridad correspondiente haga prevalecer el Estado de Derecho y aplique la Ley y procure justicia, pronta, expedienta y moderna, de acuerdo a la reforma penal constitucional. (Rusel Arjona).
