Las reformas a la ley del Isstey aprobadas el martes 13 por el Congreso del Estado prevén que ese organismo subrogue total o parcialmente los servicios médicos de sus derechohabientes a instituciones privadas y no solo a las públicas como establecía la ley anterior.
Actualmente, la atención médica de los derechohabientes y familiares se realiza en el IMSS, en virtud de un convenio de subrogación con el Isstey por 375.740,912 millones de pesos al año.
Con los cambios aprobados se abre la posibilidad de ejercer una parte de ese presupuesto en la contratación de servicios médicos en hospitales, clínicas y consultorios privados de Yucatán.
Las modificaciones consideran también la subrogación de los servicios de guarderías a particulares y la autorización para que el Instituto se convierta en una inmobiliaria y construya y venda viviendas a sus derechohabientes.
En este sentido, la nueva ley facilita la obtención de los préstamos hipotecarios, al reducir el requisito de dos años de cotización a solo uno y al permitir tramitar un segundo crédito, hasta por el 80 por ciento del valor de la vivienda, una vez que se haya liquidado el primero.
Los cambios a la ley del Isstey son producto de una iniciativa presentada por el Ejecutivo en abril y dictaminadas el 9 de septiembre por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso, aunque con algunos cambios, como ya informamos.
En ese dictamen, los diputados reconocen la importancia de esas modificaciones, las segundas en menos de dos años —las primeras se aprobaron en julio de 2014— porque, dicen, “ésta es una época de la seguridad social en Yucatán en la que nos enfrentamos a importantes desafíos administrativos y estructurales en tres vertientes: la consecución líquida de las aportaciones, la administración de éstas y la ejecución de los programas de seguridad social”.
En este sentido, añade el dictamen, no conviene perder de vista que el número de trabajadores pensionados al servicio del Estado “se triplicará entre 2016 y 2018”.
—Por esto es fundamental establecer las condiciones legales de acuerdo con la realidad actual para asegurar el crecimiento constante de los fondos de seguridad social.
Las modificaciones aprobadas eliminan el artículo VI transitorio, incorporado a la ley en la reforma de 2014, según el cual las entidades públicas que estén en mora podrían restaurar sus pasivos e incluso solicitar la condonación y quita de intereses
